El presidente de la Legislatura Municipal de Humacao, Ángel Gabriel Rodríguez Medina, dijo que ve con buenos ojos la creación de un Banco Municipal para llevar adelante la financiación de proyectos de inversión de diversa índole, mejoras de capital y programas que contribuyan al desarrollo de los ayuntamientos del país.
Sobre el proyecto sometido en la legislatura estatal por el portavoz alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), senador Adrián González Costa, el legislador municipal del Partido Popular Democrático (PPD) indicó a El Oriental que “todo aquello que sea beneficioso para los municipios y que permita que se alleguen fondos adicionales a los municipios yo lo veo con buenos ojos”.
Abundó que el proyecto podría beneficiar a los ayuntamientos, considerando que la situación económica de muchos municipios es bastante difícil y se menciona que muchos municipios podrían no tener los fondos necesarios para poder operar, que prácticamente pudieran quebrar”.
Agregó, al respecto, que “hay varios municipios que se han mencionado, como Maunabo, Orocovis, Comerío, otros del centro de la isla… Son municipios mayormente pequeños y que se les eliminaron unos fondos que el gobierno central les proporcionaba y había municipios que funcionaban con esos fondos”.
En el caso de Humacao, expuso que “la situación no es tan grave como la de esos municipios. Pero, no obstante, tenemos que decir que la situación es un poquito difícil. Primero que nada, aquí es de conocimiento que los recaudos, por patentes municipales, esos recaudos no se han dados, y aquí había una industria que pagaba $11 millones de dólares en patentes municipales que el año pasado pagó cero. Y esa compañía se fue. Y otras que se fueron y dejaron de pagar patentes”.
Explicó que en la capital del oeste “hay unos agravantes, como la disminución del recaudo de patentes, y una situación muy particular, ya que aquí se tuvieron los cuatro años pasados… se cubrían los gastos recurrentes con ingresos no recurrentes, con ingresos de fondos federales como es el caso del recogido y disposición de la basura, que el contrato es casi $4.3 millones, que se estuvieron pagando con fondos ARPA, y esos fondos se acabaron el 31 de diciembre”.
Añadió que “el próximo año, esos $4.3 millones lo tienen que presupuestar en el presupuesto, con una situación muy particular qye vamos a tener una merma en el recaudo de patentes. Y lo otro, aquí hay un contrato de la administración de la sala de emergencia del municipio, que se estuvo también pagando con fondos federales. Se acabaron ya los fondos ARPA. Hay unos gastos de casi $6 millones que los tiene que cubrir en el presupuesto, con una merma en el recaudo de las patentes municipales”.
González Costa sometió el proyecto a raíz de la inminente eliminación del fondo de equiparación.
“Es de conocimiento público la precaria situación fiscal y financiera que sufren la mayoría de los municipios de Puerto Rico. Actualmente, nueve municipios pudieran irse a la quiebra. Las fuertes presiones que ha ejercido y ejerce la Junta de Supervisión Fiscal, el cierre del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), así como la cancelación de las asignaciones del gobierno central a los municipios, han sido factores fundamentales en la reducción de recursos financieros de nuestras ciudades y pueblos, provocando una crisis administrativa que en muchos municipios ha significado en la imposibilidad de brindar servicios esenciales a la ciudadanía”, indicó el senador.
Para el portavoz senatorial del PIP, a lo anterior se suman otros factores, relacionados con el prolongado periodo de depresión económica por el que atravesó el país desde el año 2006 hasta el año 2021, el impacto de la pandemia del COVID-19, las secuelas vividas en todo el país tras el paso de varios huracanes desde el año 2017 y los terremotos de principios de 2020.
Este escenario, según el político, creó un estado de precariedad financiera y fiscal que “a gran parte de los municipios de Puerto Rico, por no decir a todos, se les hace imposible hacer frente”.
“Muchos alcaldes y alcaldesas se han visto obligados a buscar alternativas de ingresos adicionales con el propósito legítimo de lograr la autosuficiencia y no tener que depender de la práctica del endeudamiento excesivo. A tales efectos, lo que sugiere la presente resolución es crear las bases institucionales para la fundación de un Banco de Desarrollo Municipal que sirva a todos los municipios del país en la consecución de sus objetivos de inversiones y mejoras de capital, financiamiento de empresas municipales y de programas de diversa índole”, manifestó.
Agregó que la institución financiera que propone no excluirá el financiamiento de proyectos privados que resulten ser estratégicos, deseables y convenientes para los residentes de ciertos y determinados municipios.
En ese sentido, explicó que, una vez identificadas las fuentes de capital inicial para la fundación del Banco de Desarrollo Municipal, no se descarta que la entidad propuesta funcione de manera descentralizada, con sucursales –potencialmente— en todos los municipios del país, o sucursales regionales, según convenga desde el punto de vista operacional”.
En lo que concierne a la identificación de fuentes de capital inicial para la fundación del Banco, la resolución dispone entre sus propósitos determinar la forma y manera mediante la cual los recaudos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), de patentes y del IVU Municipal pueden contribuir a la referida capitalización.
“A modo de ejemplo, en el caso del Municipio de San Juan estos recaudos sumaron más de $400 millones en el último año para el que existen cifras oficiales (2023-2024). Si se destinara entre un 3% a un 10% de la suma de dichos recaudos para crear un fondo de capital inicial, sólo San Juan pudiera proveer, como mínimo $12 millones y, como máximo, $40 millones, lo que se traduciría en un potencial de $160 millones en un cuatrienio”, puntualizó el legislador.
Además, la medida indica que la institución financiera podrá recibir aportaciones del gobierno y del sector privado, generar intereses a través de los depósitos de fondos acumulados, financiar obra privada a los fines de promover la autogestión y el establecimiento de PYMES, sociedades, y empresas cooperativas, entre otras, así como parear fondos asignados a PYMES por cooperativas y bancos”.
“El efecto directo de poder contar con una entidad a nivel del país y de entidades similares o sucursales en cada municipio, en regiones o mediante consorcios, será incrementar el acceso de la ciudadanía para encaminar un verdadero proceso de desarrollo económico, como consecuencia de que más personas podrán fundar empresas de diversa índole, lo que a su vez generará aumento en el empleo, el ingreso y la producción de bienes y servicios”, expresó González Costa.
