El municipio de Naguabo avanza en un esfuerzo por atender el abandono de propiedades y, a la vez, responder al déficit de vivienda asequible que enfrenta la población, mediante la implantación de un programa de manejo de estorbo público que podría desembocar en la creación de un Banco de Tierras Comunitarias.
La iniciativa cuenta con la asesoría técnica del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), una entidad sin fines de lucro con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la vivienda asequible en Puerto Rico.
Según explicó a El Oriental el director ejecutivo del CRH, Luis Gallardo Rivera, el proyecto en Naguabo surge tras el acercamiento de la alcaldesa (Miraidaliz Rosario Pagán), quien manifestó interés en fomentar la vivienda asequible dentro del municipio.
“Hace unos años atrás la alcaldesa se comunicó con nosotros prestando interés en atender el tema de la vivienda. Poco después logramos, mediante una colaboración con una fundación privada, financiar un estudio e inventario de todas las propiedades abandonadas en el municipio”, relató Gallardo Rivera.
El esfuerzo permitió identificar un número significativo de estructuras abandonadas, particularmente en el centro urbano, y establecer un marco legal para iniciar los procesos de declaración de estorbo público.
“Lo primero que hacemos es el estudio de título de todas las propiedades, identificar de quién son y tratar de comunicarnos con los dueños”, expuso. El énfasis inicial del programa, subrayó, no es transferir la propiedad, sino lograr que los propios dueños rehabiliten sus estructuras.
“Siempre enfatizo que un caso exitoso es uno donde el mismo dueño arregla su propiedad. Estas iniciativas no tienen interés en quitarle la propiedad a nadie. La primera prioridad es que el dueño comparezca, arregle su propiedad y elimine los riesgos de salud, ambientales y sociales asociados al abandono”, sostuvo.
Gallardo Rivera aclaró que el programa de manejo de estorbo público no es lo mismo que un Banco de Tierras Comunitarias, aunque ambos mecanismos pueden complementarse.
“El Banco de Tierras Comunitarias es un mecanismo de disposición. Es opcional para los municipios y requiere acción de la Legislatura Municipal. En el caso de Naguabo, todavía no está creado, pero el municipio tiene interés en desarrollarlo como parte de esta asistencia técnica”, indicó.
De concretarse, el Banco de Tierras Comunitarias permitiría al municipio disponer de las propiedades adquiridas para proyectos de vivienda asequible dirigidos a familias de ingresos bajos y moderados.
“La meta es comenzar en el centro urbano y luego extender el esfuerzo a otros barrios, atendiendo el déficit de vivienda que tiene ahora mismo el municipio”, añadió.
Actualmente, el proyecto en Naguabo se encuentra en una etapa avanzada. De acuerdo con el director del CRH, ya se completó el inventario de propiedades y se han declarado varias estructuras como estorbo público.
“Hemos agotado los intentos de localizar a los dueños. En los casos donde los propietarios no existen, han fallecido o no han mostrado interés, entramos ahora en la fase de adquisición”, manifestó.
Esa fase, reconoció, suele ser la más lenta y compleja del proceso. “La declaración de estorbo público es rigurosa porque estamos hablando de derechos privados de propiedad. Hay términos legales, notificaciones por correo y avisos públicos en periódicos. Si fallas en notificar a un heredero, el caso se puede caer”, advirtió.
No obstante, defendió ese rigor como una garantía de debido proceso. “Nosotros preferimos ser meticulosos porque lo que queremos es conseguir al dueño y fortalecer el ejercicio responsable de la propiedad privada”, aseveró.
La adquisición, por su parte, conlleva tasaciones, mensuras, censuras y trámites legales que dependen de leyes estatales. “Ahí siempre hay espacio para mejorar, pero trabajamos con las herramientas que tenemos”, apuntó.
El caso de Naguabo presenta una particularidad que podría agilizar parte del proceso: una alta cantidad de propiedades construidas sobre terrenos municipales bajo antiguos derechos de usufructo.
“En muchos centros urbanos, desde el siglo XIX, las familias construían sus casas en solares municipales. Hoy esos terrenos siguen siendo del municipio”, explicó Gallardo Rivera. En esos casos, la revocación del usufructo se perfila como una de las alternativas más rápidas y económicas para retomar el control del suelo.
“Honestamente, la revocación de usufructo es el camino más rápido cuando aplica. Luego estaría la expropiación forzosa, que es más costosa porque implica adquisición de propiedad privada”, precisó.
El el director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Luis Gallardo Rivera (redes CRH).
