La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, dijo el martes que la organización que representa “continuará defendiendo la educación pública puertorriqueña y a todas las comunidades escolares involucradas en el caso” incoado sobre el cierre de escuelas que fue declarado no ha lugar en una petición de paralización judicial.
“La prueba demuestra claramente que el Departamento de Educación no siguió su propio procedimiento para el cierre de escuelas. Básicamente, el Departamento tomó su decisión por factores económicos olvidando que su misión principal es educar”, mencionó la líder magisterial en un comunicado de prensa.
Díaz mencionó que luego del testimonio de sobre 25 testigos, entre ellos padres y maestros de diversas escuelas que fueron cerradas sin mayor consideración, el Tribunal de Primera Instancia en San Juan determinó que la consolidación de escuelas procede dado la amplia libertad que tiene el Departamento de Educación para administrarse. El Tribunal señaló, en otros aspectos, que las visitas posteriores al cierre subsanaron cualquier deficiencia en el proceso.
Sobre este particular, Díaz aseguró que la AMPR radicará una reconsideración, ya que la prueba establece que varias escuelas nunca fueron visitadas, al extremo que una de las testigos declaró ante la jueza Aileen Navas Auger que no sabía de su escuela receptora.
La profesora Díaz, de igual forma, agregó que “estamos en tiempos que la situación económica afectará todos nuestros derechos, trastocándose nuestro ordenamiento y sobre todo la sensibilidad que debemos tener con los menos afortunados”.
“La mayoría de estas escuelas son escuelas elementales, segundas unidades rurales que tienen situaciones particulares que si no se atienden el resultado será que niños no se educarán y vivirán en la ignorancia”, subrayó la profesora.
Sostuvo que la Carta Circular 25 2014-2015 establece un proceso que, de llevarse a cabo, hubiera atendido cualquier situación particular que hubiese requerido transportación o, inclusive, dejar abierto otras escuelas.
La presidenta de la AMPR destacó que independientemente de la decisión del Tribunal, este caso provocó el que el Departamento de Educación reevaluara la lista de cierre de escuelas y de los 93 planteles que iban a cerrar, 33 quedaron abiertas. De esas escuelas, muchas estaban incluidas en el interdicto.
“Para la Asociación de Maestros siempre será prioridad respaldar a los padres y maestros en reclamos en donde se solicite que se atienda el derecho a la educación. Esto no nos desanima. Siempre diremos presente en estas luchas”, puntualizó Díaz.
