El municipio de San Lorenzo celebrará una subasta a viva voz de propiedades abandonadas, un mecanismo inédito en Puerto Rico a nivel municipal que busca devolver al mercado inmuebles en desuso mediante un proceso público, competitivo y transparente.

La subasta se llevará a cabo el próximo 11 de marzo, a las 10:00 de la mañana, en el teatro Priscila Flores y en el evento el ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados cinco propiedades abandonadas.

El alcalde Jaime Alverio Ramos aseguró a El Oriental que el ayuntamiento se encuentra más adelantado que cualquier otro en la Isla —incluyendo a San Juan— en la atención estructural del problema de los estorbos públicos.

“Nosotros empezamos antes de que existieran las herramientas legales que hoy existen”, explicó el alcalde, al relatar que su motivación personal para atender este asunto nace de su formación profesional.

Según el primer ejecutivo municipal, “mi background es en bienes raíces. Yo soy tasador y trabajé muchos años haciendo peritajes en el tribunal, especialmente en casos de expropiaciones. Yo veía esto de cerca y decía: ¿cómo es posible que haya miles de estorbos públicos y nadie haga nada?”.

Alverio Ramos, al iniciar su primer cuatrienio, se propuso erradicar los estorbos públicos, al menos en el casco urbano de San Lorenzo. En 2021, el municipio identificó 133 propiedades abandonadas solo en esa zona. Sin embargo, al finalizar el cuatrienio el resultado fue desalentador: apenas dos casos resueltos.

“Fue un choque para mí. Y ahí entendí que el problema no era falta de voluntad de los alcaldes ni de los municipios. El problema era que la ley hacía esto prácticamente imposible”, admitió el alcalde.

Ese escenario comenzó a cambiar con la aprobación de la Ley 114 de 2024, firmada en junio por el entonces gobernador Pedro Pierluisi, una medida que alteró de forma sustancial el estado de derecho relacionado con los estorbos públicos.

El alcalde, quien participó directamente en el proceso legislativo como ponente y colaborador, comentó que “desde junio de 2024 para acá, el estado de derecho en Puerto Rico cambió. Por eso es que ahora tú ves a tantos municipios cogiendo velocidad con este tema”.

En San Lorenzo, el impacto ha sido inmediato. El municipio ha identificado 422 propiedades problemáticas. De ese total, 202 dueños aparecieron tras un proceso de notificación municipal, lo que representa casi un 48 %.

“Con solo colocar un rótulo de intención, muchos propietarios reaccionaron, limpiaron la propiedad o retomaron control de ella”, explicó el alcalde.

De las propiedades cuyos dueños no respondieron, el municipio ha logrado declarar alrededor de 100 como estorbos públicos. Algunas de ellas ya fueron demolidas por estar en condiciones irreparables o en zonas inundables, mientras otras avanzan por los tribunales o están listas para su disposición final.

“El proceso ahora se mueve. Antes no se movía”, resumió.

Uno de los aspectos más innovadores del modelo de San Lorenzo es la decisión de no utilizar compañías privadas para manejar el proceso.

Al respecto, Alverio Ramos puntualizó que “cuando tú introduces el lucro en el manejo de los estorbos públicos, estás inyectando una píldora venenosa. Eso no funciona”.

En su lugar, el municipio creó una oficina interna dedicada exclusivamente a este tema, operada por personal municipal. “Aquí no hay nadie lucrándose. Es un programa municipal”, sentenció.

La disposición final de las propiedades se hará mediante subasta pública a viva voz, un método que el alcalde considera el más justo: “Cualquier otro mecanismo deja dudas. ¿Por qué se la diste a esa persona y no a otra? La subasta es pública, competitiva y transparente. Todo el mundo ve quién ganó, cuánto ofreció y por qué”, explicó.

El proceso contempla un depósito inicial de $5,000 y un plazo de hasta 120 días para completar el pago, lo que abre la puerta a personas de ingresos bajos o moderados.

Sobre este punto, señaló que “esto permite que alguien vaya a su cooperativa, gestione un préstamo y tenga acceso a una propiedad que de otra forma no podría comprar”.

La ley establece además que el comprador tiene un año para rehabilitar o demoler la estructura, una exigencia que busca eliminar el impacto negativo de estas propiedades en las comunidades.

De forma indirecta, el programa ha generado otros efectos sociales. “Cuando los dueños reaparecieron y arreglaron sus casas, muchas entraron al programa de Sección 8. Dejamos de perder vales porque ahora hay viviendas disponibles”, expuso el alcalde.

El modelo de San Lorenzo ha despertado el interés de otros municipios. Más de 30 ayuntamientos y al menos 15 alcaldes han recibido orientación directa del equipo sanlorenceño.

“Vienen a ver el modelo, no a copiarlo. Cada municipio es distinto y tiene que diseñar su propia política pública”, aclaró Alverio Ramos.

Sobre el proceso que arranca en marzo próximo, opinó que “estamos innovando y hay que hacerlo con cuidado. No tengo un referente previo. Esto no se ha hecho antes en Puerto Rico”.