La Legislatura Municipal de Humacao aprobó el informe positivo del Proyecto de Resolución 89, que permitiría al ayuntamiento desembolsar $145,000 para transigir la demanda de EC Waste contra el Municipio por $266,709.27 retenidos de facturas de recogido de desperdicios sólidos correspondientes a 2021 y principios de 2022.

Durante la vista pública, la directora de la Oficina de Asuntos Legales, licenciada Rose Nieves Ruiz, explicó los fundamentos de la transacción y las razones por las que el municipio optó por poner fin al litigio mediante un acuerdo.

Nieves Ruiz indicó que la disputa se originó por facturación correspondiente a 2021 y principios de 2022. Según explicó, el entonces administrador municipal, Gilberto Claudio, revisó las facturas y encontró diferencias que llevaron al Municipio a retener parte del pago mientras solicitaba información a la empresa.

“Esa cantidad fue retenida de pago hasta que la compañía EC Waste contestara a unas dudas y emitiera una información”, expresó. Sin embargo, sostuvo que la información recibida no resultó suficiente para aclarar los cuestionamientos de la administración municipal. La empresa reclamó en varias ocasiones el pago pendiente, pero al no obtenerlo acudió al tribunal.

La directora de Asuntos Legales señaló que, luego del descubrimiento de prueba, las conversaciones entre los abogados y la evaluación de la evidencia disponible, ambas partes acordaron transigir el caso por $145,000.

La propuesta fue presentada a la Legislatura Municipal para su consideración, conforme a los requisitos del Código Municipal. También se indicó que el dinero retenido estaba obligado desde 2023 y que Finanzas certificó la disponibilidad de fondos para atender el acuerdo.

Durante el intercambio, el legislador municipal Ángel Gabriel Rodríguez pidió que se precisara cuáles habían sido las diferencias en las facturas, particularmente porque el contrato establecía que el pago se realizaba por unidad de vivienda o unidad de recogido.

Nieves Ruiz respondió que el servicio debía facturarse por unidades servidas y que estas tenían que corresponder con los manifiestos y las boletas del vertedero, documentos utilizados para cuadrar el tonelaje depositado.

Explicó que, durante la pandemia de COVID-19, EC Waste tuvo semanas en las que retiró brigadas o no pudo ofrecer el servicio completo debido a empleados enfermos o problemas con maquinaria. Tras recibir quejas de residentes, el administrador municipal revisó si las facturas correspondían a las unidades atendidas.

Según la licenciada, Claudio hizo una conversión a toneladas utilizando la capacidad de los camiones y comparó ese cálculo con el material reportado en el vertedero. A partir de ese análisis, ordenó pagar la parte que entendía validada y retener los $266,709.27 hasta que la compañía demostrara que había realizado el servicio correspondiente.

Rodríguez también preguntó si el acuerdo implicaba reconocer que no se habían recogido todas las unidades contratadas. Nieves Ruiz aclaró que una transacción no supone que alguna de las partes admita responsabilidad. “Esto es un acuerdo para dar por concluido el asunto que sea satisfactorio para ambas partes”, dijo.

La funcionaria sostuvo que el acuerdo evitaría los costos y la incertidumbre de continuar litigando. Explicó que un juicio podía extenderse y que, de haber una apelación, el proceso podría llegar hasta el Apelativo e incluso el Tribunal Supremo.

“Si el caso el Municipio lo hubiera ganado, fantástico, pero sabemos que EC Waste va a ir al Apelativo”, planteó. También advirtió que, si la empresa prevalecía, el municipio tendría que afrontar los recursos apelativos y los honorarios legales.