El municipio de Yabucoa está proponiendo cambios en la calificación de varios terrenos para facilitar el desarrollo de proyectos comerciales, residenciales, turísticos y de servicios, así como atender necesidades de la ciudadanía. La iniciativa combina la política pública municipal con solicitudes de propietarios que buscan viabilizar actividades en sus parcelas.

Así lo explicó Luis Rivera, ayudante especial de la Oficina del Alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo Ruiz, en entrevista con El Oriental, al detallar los objetivos de la revisión y su posible efecto en los trámites para obtener permisos.

“Lo que hacemos con este proceso es corregir y ayudar a la gente a poder desarrollar, sin alterar drásticamente lo que hay ya configurado”, expresó Rivera.

Uno de los propósitos es agilizar los procedimientos para propietarios cuyos terrenos tienen una calificación que no corresponde al uso que desean establecer. Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano que tiene un terreno calificado como residencial y contempla construir una gasolinera.

Mediante el cambio propuesto, el propietario podría solicitar los permisos correspondientes bajo una calificación compatible con esa actividad, sin tener que iniciar una consulta de ubicación individual y el proceso de vistas públicas que esta conlleva.

“Es más rápido y más económico para el proponente”, señaló Rivera, al explicar que la revisión general ya incluye un proceso de participación pública.

Entre las modificaciones también figuran terrenos cercanos a Palmas del Mar y otros ubicados hacia el límite con Maunabo, en dirección a la carretera PR-901. Esas áreas pasarían a la clasificación de Desarrollo Turístico Selectivo (DTS), según detalló el funcionario.

Otro de los cambios responde a la necesidad de ampliar los servicios funerarios disponibles en el municipio. Rivera indicó que el espacio para enterramientos en el ámbito municipal se ha reducido y que el cementerio privado Oriente Memorial Park tiene planes de expansión.

La propuesta contempla cambiar la calificación de esos terrenos a industrial liviano, con el propósito de permitir la ampliación de las operaciones y el establecimiento de servicios adicionales, entre ellos la cremación.

“Es bueno tener una alternativa, aunque sea privada, que pueda suplir esa necesidad”, sostuvo Rivera.

La revisión también incluye áreas ocupadas por instalaciones públicas y organizaciones sin fines de lucro, como escuelas y entidades de servicios comunitarios. Estas entrarían en una categoría que limita su utilización a actividades de carácter público o comunitario mientras esas organizaciones mantengan el control de los terrenos.

En el centro urbano, el municipio propone convertir determinadas parcelas residenciales en comerciales livianas. La medida responde a la tendencia de transformar propiedades en negocios, particularmente en zonas cercanas a las vías principales y busca facilitar la tramitación de los permisos para esos usos.

Asimismo, se contempla modificar la calificación de un terreno donde opera un centro de actividades sobre suelo agrícola. La propuesta sería reclasificarlo como suelo rústico común, categoría que, según Rivera, permite determinadas actividades comerciales de manera limitada.

Otro caso corresponde a una urbanización cuyo desarrollador obtuvo autorización para construir alrededor de 100 viviendas, pero solo completó entre 40 y 50 durante la primera etapa. El resto del terreno quedó clasificado como agrícola bajo el plan de uso de terrenos. El cambio propuesto a residencial permitiría al desarrollador continuar el proyecto conforme al permiso que ya posee.

Rivera aclaró que las modificaciones no implican una autorización automática para construir ni eximen a los proponentes de cumplir con los requisitos aplicables.

“Esto no aprueba el proyecto”, puntualizó. Una vez se determine la viabilidad del uso del terreno, los desarrolladores deberán gestionar los endosos de las agencias pertinentes, incluidos los relacionados con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el servicio de energía eléctrica.

El funcionario destacó que la revisión respeta las restricciones vigentes sobre terrenos protegidos. Entre estos mencionó la reserva agrícola, establecida por ley en 2009, que comprende unas 20,000 cuerdas, además de áreas boscosas y terrenos escarpados, donde las condiciones geológicas y el riesgo de deslizamientos limitan el desarrollo.

Los cambios propuestos deberán seguir el proceso correspondiente antes de entrar en vigor. Según Rivera, el objetivo es aprovechar terrenos donde resulte viable ajustar sus usos, atender necesidades existentes y facilitar proyectos sin eliminar las protecciones establecidas para otras áreas del municipio.