La pareja humacaeña compuesta por Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez, declarada culpable en el caso de “empleados fantasmas” en el Capitolio, fueron sentenciados hoy a 10 y cuatro meses de prisión, respectivamente.
Según trascendió en varios medios de circulación nacional, los convictos igualmente fueron sentenciados a tres años de libertad supervisada por el juez federal Francisco Besosa. Ambos deberán pagar una restitución de $13,650.
El dúo se declaró culpable de conspirar para cometer fraude electrónico el pasado 8 de agosto luego que su respectiva defensa lograra un acuerdo con la Fiscalía. Originalmente, Sánchez Santiago y Robles Báez enfrentaban 18 cargos: 10 por fraude electrónico, un cargo por mal uso de fondos de una entidad que recibe fondos federales, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
No obstante, los restantes 17 cargos fueron desestimados el día de la vista de sentencia el 7 de noviembre del pasado año.
De haber sido adjudicados los 18 cargos, la pareja hubiese enfrentado una posible sentencia de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, la Fiscalía recomendó un acuerdo de cuatro a 10 meses de retención para Sánchez Santiago y Robles Báez.
El pliego acusatorio presentado por Fiscalía federal el pasado mayo detalló que, desde junio de 2016 hasta julio de 2018, los acusados conspiraron para estafar al gobierno de Puerto Rico por medio de representaciones y “promesas fraudulentas”.
Junto a Sánchez Santiago y Robles Báez fue arrestado por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en la mañana del 30 de mayo de 2019 el entonces director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz.
En ese momento, Fiscalía federal reveló que el 1 de enero de 2017, tanto Sánchez Santiago, como Robles Báez, incorporaron dos compañías para ofrecer servicios de asesoría política y administrativa en la Legislatura.
La compañía International Legislative and Government Consulting Group (LGCG), empresa propiedad Sánchez Santiago, tenía un contrato con la oficina del exrepresentante Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado. Mientras, la corporación International legislative and Government Consulting Group (ILGCG), de Robles Báez, tenía un contrato con el Senado.
La investigación sobre los empleados que aparecían contratados en los cuerpos legislativos, pero que no desempeñaban sus funciones, inició luego que un contratista de la oficina de Pagán Cuadrado realizara denuncias sobre la práctica en un programa televisivo.
“Robles Báez en más de 15 ocasiones certificó y realizó pagos que indicaban que había asistido, o sea, que había ido y trabajado, y esto lo hizo en la Oficina de Asuntos Gubernamentales para brindar supuestos servicios profesionales, como secretaria en los dos contratos. En realidad, en esos días, la acusada no asistió a la oficina ni proveyó los servicios”, abundó en mayo la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.
Según la cifra que estimó la investigación, Sánchez Santiago y Robles Báez se dividieron las ganancias del sistema, estimada en $27,300.
Además, la Fiscalía indicó que como parte del esquema, los implicados utilizaron la información de identificaciones personales de varias personas “para dar la impresión de que Robles Báez como coordinadora intergubernamental en nombre de la compañía, había brindado los servicios a las víctimas cuando nunca se solicitaron ni se brindaron”.
