Por Yeidy Agneris Vega Alicea / yvega@elorientalpr.net / Twitter @YeidyAgneris
(29 de julio de 2019) –El alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu, rechazó que su administración haya cometido alguna ilegalidad al realizar pagos por adelantado a un suplidor de equipos y accesorios para adquirir una subestación eléctrica a ser instalada el Coliseo de Usos Múltiples.
Su aclaración surgió el martes de la pasada semana luego que la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitiera el pasado 9 de julio un informe en el que sometió tres hallazgos, entre ellos, uno que para Román Abreu se reduce a un asunto procesal y de la preparación de un documento.
“La única situación es que este servidor tenía que hacer una carta indicándole al director de finanzas que le pagara el 50 por ciento a ese suplidor. Ese es todo el señalamiento, aquí no hay nada ilegal, es meramente procesal”, indicó Román Abreu.
El hallazgo específico de la OCPR en el informe M-20-02, fue identificado como “Pagos por adelantado, ausencia de un contrato escrito y otra deficiencia relacionada” y expone que, según el informe de sus auditores, no consta en el expediente de la compra la autorización del alcalde ni la fianza que se le requiere al proveedor como garantía de su cumplimiento.
En entrevista con El Oriental, el alcalde desaprobó las alegaciones al reiterar que en su municipio se efectuó un debido proceso de subasta. Según el informe, el examen sobre los pagos de la compra de la subestación reveló que el municipio pagó al proveedor $185,630 antes de recibir los equipos y accesorios.
“Ese dinero fue para comprar la subestación que le va a proveer la energía eléctrica al coliseo. Para ello hay unos procedimientos y el primero es celebrar una subasta, que se celebró y están los documentos. Hubo una orden de compra que también la Oficina del Contralor la tiene y en la orden de compra el suplidor estableció que había que pagarle el 50 por ciento, porque esa subestación no la hay en Puerto Rico y para encargarla había que adelantarle ese pago”, abundó Román Abreu.
El ejecutivo municipal consideró injusto que, pese a que el ayuntamiento respondió al señalamiento, el hallazgo prevaleció en el informe. Además, indicó que sostuvo una reunión con la contralora Yezmín Valdivieso para reclamar el señalamiento.
“Le dije que era injusto, que nosotros llevamos a cabo una subasta, tenemos la orden de compra, la subestación está allí, que ellos la vieron (los auditores) en el Departamento de Obras Públicas para ser instalada…y que por un documento, se me haga un señalamiento, es injusto de parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, añadió el alcalde.
Sobre la compra, el municipio suministró a este medio copia de la orden de compra , autorizada al suplidor Graybar International Inc. por la suma antes mencionada. La orden tiene fecha del 4 de marzo de 2016.
De la misma forma, Román Abreu respondió a otros hallazgos y comentarios incluidos en el mismo informe. Entre ellos, individualmente, a uno que señala ausencia de controles en las operaciones del garaje municipal y otro por ausencia de inventarios físicos anuales.
“A raíz del huracán María eso es algo que iba a pasar en todos los pueblos. Esto fue un desastre, el Departamento de Obras Públicas quedó inoperante, al punto que la secretaria y el director trabajaron durante meses en un vagón improvisado. Ellos lo saben y se les explicó”, sostuvo, a la vez que precisó que para cumplir con la información requerida por ese ente, el municipio incluso presentó como evidencia documentación que se mojó o sufrió daños con el huracán.
Asimismo, el alcalde lorenzano contestó a preguntas de este medio sobre dos comentarios especiales que incluyó la auditoría sobre demandas civiles y la extensión en los contratos de empleados transitorios que sobrepasan el periodo establecido por ley.
El mandatario apuntó a que su administración “responsablemente” no puede asumir los contratos de forma permanente porque no cuenta con la liquidez necesaria. Sobre los planteamientos judiciales, comentó que en su municipio están cubiertos por seguros para atender las demandas civiles, que pueden ocurrir, por ejemplo, hasta por la caída de un ciudadano en una de las aceras de ese pueblo.
El periodo de auditoría se extendió desde el 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018.
