Sentencian a 30 meses de prisión al exalcalde de Guayama por aceptar sobornos

Cintrón Suárez, de 54 años, se declaró culpable en abril de 2022 de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno

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Foto suministrada / Cintrón Suárez, de 54 años, se declaró culpable en abril de 2022 de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno

El exalcalde del Municipio de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez fue sentenciado hoy a 30 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de ejecutar contratos municipales y aprobación de pagos de facturas para una empresa de asfalto y pavimentación.

Cintrón Suárez, de 54 años, se declaró culpable en abril de 2022 de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno.

Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en relación con su declaración de culpabilidad y sentencia, Cintrón Suárez fue alcalde y funcionario de más alto rango en el municipio de Guayama desde 2013 hasta 2022. A partir de 2013, Cintrón Suárez ejecutó asfaltado y pavimentación contratos y también aprobó pagos municipales a la Compañía A. A cambio, Cintrón-Suárez acordó recibir un pago de soborno correspondiente a 1.00 dólar por metro cuadrado de asfalto nuevo colocado por la Compañía A en el municipio de Guayama bajo los contratos. Este esquema de sobornos continuó hasta aproximadamente febrero de 2021. Además de la pena de prisión, el acusado perdió 114,000 dólares en efectivo y fue sentenciado a tres años de libertad supervisada.

El fiscal general auxiliar Kenneth Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico, el Director Asistente Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la oficina de campo del FBI en San Juan hizo el anuncio.

La Oficina de Campo del FBI en San Juan investigó el caso.

El abogado litigante Nicholas Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Seth Erbe para el Distrito de Puerto Rico están a cargo de la acusación en el caso.