(14 de noviembre de 2018)- El alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, expresó y defendió con múltiples argumentos su defensa a favor de la medida legislativa que aumentaría las pensiones de los alcaldes de la Isla.
El ejecutivo señaló, mediante comunicado de prensa, que está “consciente de los ataques que será objeto al defender un trato equitativo para todos los alcaldes una vez concluyan su mandato”.
“Los alcaldes, contrario a lo que se le ha hecho creer a nuestro pueblo, no son los responsables principales del problema fiscal y la deuda que mantiene en crisis al Gobierno. La gran mayoría de los municipios están al día en los pagos de la deuda que estos han contraído para el desarrollo de sus obras y proyectos. La gran mayoría tiene hasta un año de adelanto en el pago de sus bonos”, indicó el alcalde samaritano.
“La ajustada situación fiscal de la mayoría de los municipios se debe a la enorme carga que ha conllevado el asumir las responsabilidades que corresponden al gobierno central y que ahora se le han transferido o han tenido que asumirla los municipios. Las asistencias o servicios que ya el gobierno central no presta, el ciudadano la reclama a los municipios, y teniendo de frente las necesidades, los alcaldes no podemos mirar hacia otra dirección que no sea buscar alivio a la gente”, afirmó.
El Proyecto del Senado 1148, aprobado en el Senado el pasado jueves, 8 de noviembre, garantiza que los alcaldes electos luego del 2000, y que llevan ocho años o más en el cargo de su municipio, reciban una pensión del 75 al 90 por ciento de su último salario por 30 años. Sin embargo, la medida no fue aprobada por la Cámara en la última noche de la actual sesión legislativa celebrada ayer. Por tal razón, la legislación sobre el proyecto en ese cuerpo se atenderá en enero.
Mientras tanto, la medida ha recibido el rechazo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien aseguró no avalará el proyecto, y la Junta de Control Fiscal (JCF).
Por su parte, Román Abreu detalló que a las responsabilidades asumidas en la última década, los municipios “han sido quienes se han echado sobre sus espaldas” la recuperación de la infraestructura y los daños a la propiedad de los ciudadanos ante los devastadores efectos de los huracanes Irma y María el año pasado.
El mandatario municipal enfatizó, además, sobre la naturaleza particular de los alcaldes, que son funcionarios electos, mas se les categoriza como empleados públicos para efectos de retiro, con el agravante de que su aportación es mucho más alta.
“Cuando hacemos esta distinción no es en detrimento de nadie, ni buscando privilegiarnos en forma alguna, simplemente estamos categorizando nuestra realidad de forma correcta”, puntualizó.
“No estamos pidiendo el privilegio que se disfruta en la judicatura. Los jueces pueden legar sus pensiones, ante su deceso, a la viuda o el viudo”, continuó el alcalde afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).
Román Abreu igualmente aprovechó para recordar que bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla se había legislado para otorgar pensiones “más justas” a dos alcaldes de los pueblos de Orocovis y Peñuelas.
“¿Por qué no hacerlo para todos por igual?”, cuestiona en su misiva.
“Todos los compañeros y compañeras que hoy ocupamos el puesto de alcaldes, lo digamos en voz alta o en un tono bajo, estamos igual que todos los empleados públicos, preocupados por nuestro retiro. También lo estamos por la realidad que enfrentan todos los retirados del país ante los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal. Nuestra preocupación es doble, ante la realidad que personalmente enfrentamos, y porque sabemos que los problemas sociales que traerán dichos recortes en nuestros ciudadanos los tendremos que enfrentar desde nuestras responsabilidades como alcaldes”, enfatizó.
Finalmente, el alcalde resaltó “la ironía” de que la persona que derogó la ley que protegía las pensiones de los alcaldes, el exgobernador Pedro Rosselló González, actualmente disfrute de una de las llamadas pensiones “Cadillac”, que fue objeto de litigio en los tribunales del país.
“Entendemos como justo y equitativo nuestro reclamo. No estamos buscando privilegio alguno por el puesto que hoy ocupamos. Hay quienes dicen que en este momento de crisis es inmoral hacerle justicia a los alcaldes. Creemos que la inmoralidad estriba en que se retiren con una pensión de hambre, totalmente inferior a la de otros funcionarios y servidores públicos. En última instancia, si finalmente se decidiera no atender nuestro reclamo, solicitaremos se nos devuelvan nuestras aportaciones y se nos permita colocarlas en instrumentos de inversión que nos garanticen una vejez digna, al igual que lo merecen todos los adultos mayores de nuestro país”, concluyó Román Abreu.
