La Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM) acogió con beneplácito el propuesto proyecto de ley 1191, de la autoría del Representante Héctor Ferrer, que pretende descriminalizar el cannabis y a su vez crea un marco regulatorio responsable para que se permita el uso adulto controlado del cannabis a mayores de 21 años.
“La medida presentada tiene múltiples ramificaciones y denota que fue desarrollada desde un análisis profundo y comparativo. Aún hay algunos detalles que se deben trabajar para incorporar las preocupaciones y recomendaciones de la industria, pero definitivamente se empezó dando un paso en la dirección correcta. Uno de sus objetivos es devolver un poco de justicia social a todos aquellos ciudadanos que han sido perseguidos y criminalizados por el simple hecho de consumir una flor, que ha probado tener múltiples usos medicinales y que ya es legal su consumo para esos fines. Pero aún más importante es que el proyecto crearía un Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis (FISIC), cuyas ganancias estimadas de $522 millones en su primer año serían distribuidas entre diversas entidades gubernamentales, entre estas el Programa de Retiro de los Empleados Públicos, incluyendo a los maestros, policías y bomberos”, expresó el Lcdo. José Aleczer Rivera, presidente de MICaM.
El proyecto 1191 propone además una multa de $500.00 por consumo ilegal a mayores de 21 años y con cantidades limitadas de cannabis en lugar de una pena de cárcel, como actualmente propone el marco legal. Con esta enmienda a la Ley de Sustancias Controladas, Puerto Rico se colocaría al nivel de muchas de las jurisdicciones de Estados Unidos, en donde ya no se considera el presidio como una alternativa para aquellos que deciden consumir cannabis fuera del marco de ley permitido.
“Más aún, la pieza legislativa propone que se le haga una evaluación a través de ASSMCA para determinar si existe algún tipo de dependencia o adicción que requiera la intervención de profesionales de la salud. El enfoque punitivo hacia el consumo de una sustancia controlada nunca ha funcionado, ya es hora de adoptar un enfoque salubrista que permita tratar la adicción (si en efecto existe) como lo que es, una enfermedad y no un acto criminal”, manifestó la Dra. Limary Ríos, vicepresidenta de MICaM.
La medida presentada por Ferrer a principios de febrero trabaja responsablemente en los mecanismos para disminuir el alcance del cannabis para menores de edad, prohíbe el acto de fumar y/o utilizar cannabis en lugares públicos, y provee los mecanismos para que el producto sea regulado con los mismos controles y estándares de producción, calidad y venta que la del cannabis medicinal.
“En estos momentos, Puerto Rico necesita de legisladores valientes y sensatos que estén dispuestos a tomar las decisiones correctas y nos ayuden a enderezar las finanzas de Puerto Rico. No existe ninguna otra industria, idea o medida que pueda alcanzar los recaudos que pretende recoger este proyecto con el cannatax. Por un retiro digno de nuestros maestros, policías y bomberos, por la Universidad de Puerto Rico, por el bien de nuestra isla, lo necesitamos”, concluyó el Lcdo. José Rivera.
