(18 de marzo de 2019)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó hoy un proyecto de ley y firmó dos órdenes ejecutivas que buscan atender diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas con discapacidades, desde la salud, hasta el trabajo, transportación, vivienda y recreación de esta población.
“Las personas con discapacidades de nuestra Isla requieren un trato equitativo, así como atención y sensibilidad, indistintamente de los grandes retos fiscales que estamos experimentando”, expresó el gobernador en declaraciones escritas. “El gobierno tiene una gran responsabilidad y, según establecimos en el Plan para Puerto Rico, sostenemos nuestro compromiso de continuar desarrollando e implantando programas que ofrezcan una mejor calidad de vida para esta población, la cual es parte integral de nuestra sociedad”, añadió.
En el área de salud, el proyecto de ley promueve que se realicen acciones necesarias para mejorar los servicios de asistencia médica, así como el cuidado de la salud materna y de los niños con necesidades especiales de salud. Además, se identificarán opciones disponibles para facilitar el acceso a un seguro de salud para las personas con discapacidades.
En el área de transportación, se fortalece el programa de servicio Llame y Viaje para garantizar sistemas alternativos para su transportación pública.
Dentro del marco de la participación laboral, en el proyecto se fortalecen los servicios dirigidos a lograr la capacitación profesional y contratación de personas con discapacidades, mediante la promoción de iniciativas de ubicación de empleo en conjunto con el sector privado.
Asimismo, en vivienda, se promoverá y fomentará que continúen en desarrollo proyectos y modificaciones a residencias con el fin de brindar mayor libertad de movimiento.
Mientras tanto, en el área de recreación y deportes, se crea el Programa de Deporte Adaptado, que promoverá acceso a actividades deportivas para personas con discapacidades y necesidades especiales, a fin de desarrollar destrezas motoras y sociales, así como promover la integración e inclusión de los participantes.
Los jefes de los departamentos de Salud, Desarrollo Económico y Comercio, Transportación y Obras Públicas, Recreación y Deportes; así como de las administraciones de Rehabilitación Vocacional, de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, y de Seguros de Salud estarán encargados implementar las diferentes iniciativas y programas que se lleven a cabo.
De igual forma, tendrán la responsabilidad de investigar la disponibilidad de fondos federales para implementar los programas; establecer la adopción de los acuerdos y protocolos de colaboración e identificación de recursos; y asegurarse del cumplimiento con el plan fiscal y la Ley federal PROMESA.
Por otra parte, Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva para crear el Consejo del Gobernador en Asuntos de Personas con Impedimentos, a fin de coordinar esfuerzos gubernamentales y comunitarios para garantizar la implementación de iniciativas que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidades.
Ese consejo, según indicó, servirá de enlace entre el gobernador y la población de personas con discapacidades para evaluar sus verdaderas necesidades y promover el cumplimiento de la agenda gubernamental.
Presidido por la asesora en Calidad de Vida, el consejo asesor tendrá entre sus encomiendas evaluar los acuerdos interagenciales existentes; evaluar el cumplimiento gubernamental con las leyes y los reglamentos vigentes; y dar seguimiento a la implementación de la política pública del Gobierno.
El consejo también identificará, desarrollará, analizará y replicará los métodos y estrategias que promuevan una mejor educación para las personas con discapacidades, mientras brindará alternativas variadas en la diversificación de la enseñanza, entre otras gestiones.
El gobernador firmó, entretanto, una segunda orden ejecutiva para ubicar a personas con discapacidades en distintas agencias y agencias instrumentales del gobierno para que participen en experiencias de aprendizaje basado en el trabajo mediante la Ley federal de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (WIOA, en inglés), que promueve que estudiantes con discapacidades ingresen a la fuerza laboral para su transición de la escuela al trabajo.
Para ser elegible a la Experiencia de Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBLE), que tendrá una duración máxima de 120 horas, el participante debe ser un estudiante con discapacidades de entre 16 a 21 años y deberá tener certificación elegible para los servicios de Educación Especial del Departamento de Educación (DE). Esta medida incluye a los estudiantes que reciben servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, según enmendada.
En el caso de estudiantes con discapacidades que cursan estudios postsecundarios —universidades, institutos u otros— y que cumplen con los requisitos antes mencionados, se les requerirá evidencia de matrícula.
