La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, anunció el jueves que presentó la Resolución del Senado 1324 para que se investigue la posibilidad de que decenas de familias viequenses sean desalojadas, como resultado de irregularidades en el proceso de construcción y alquiler de las casas de la urbanización Lucila Franco.
“La situación de vivienda pública o accesible a personas de limitados recursos económicos cada día es más precaria y este problema se agrava más cuando se trata de una de las islas municipio. Si estas familias son desalojadas es muy exigua la posibilidad de que encuentren dónde vivir en Vieques; la inminencia de una situación auténticamente desesperada es por lo tanto, real para cada una de esas familias”, puntualizó Santiago Negrón en un parte de prensa.
La legisladora detalló que la resolución persigue investigar todo lo relacionado con la construcción, administración y titularidad de las residencias que comprenden la mencionada urbanización, así como el estado de cualquier proceso judicial o administrativo que esté en proceso y cuyo resultado pudiera redundar en que estas familias sean desalojadas.
“Se trata de 53 unidades de vivienda, cuya construcción se inició en la década del 80 y por razones desconocidas los trabajos fueron paralizados. El Municipio de Vieques, en los años 90, suscribió un acuerdo con la Administración de Desarrollo Rural Federal (Rural Development Administration) para rescatar las viviendas y mediante la creación de una corporación sin fines de lucro (CODEFIN) gestionó dos préstamos millonarios para invertirse en Lucila Franco y en otro proyecto llamado Terrazas de San Francisco. Los préstamos fueron garantizados por la Administración Federal de Hogares y el Departamento de Agricultura Federal”, explicó la senadora independentista.
Precisó que mediante criterios variables y a través de CODEFIN, el Municipio permitió la ocupación de viviendas de Lucila Franco, pero con la condición de que los futuros residentes culminaran la construcción de las mismas. De esta forma, decenas de familias de limitados recursos económicos invirtieron dinero y esfuerzo en las viviendas y hoy corren el riesgo de ser desalojados de sus hogares por una controversia entre la Administración de Desarrollo Rural y CODEFIN.
Entretanto, calificó de irregular el sistema de pagos de los residentes, ya que el mismo variaba en cuanto a la forma y destino. “Algunos pagaban directamente a personas naturales empleados del municipio de Vieques, otros a CODEFIN y otros a través del Programa de Sección 8”, dijo.
De acuerdo a la información recopilada por la oficina de la portavoz del PIP en el Senado, las razones por las que pudieran ser desalojados son ajenas a estas familias e incluso, desconocidas para ellos y ellas.
“Solo saben que la controversia entre la agencia federal y la corporación sin fines de lucro creada por el municipio resultó en que cerca del 2010 personal de la Administración de Desarrollo Rural apercibiera a los residentes de que no emitieran más pagos por concepto de rentas y que desde esa misma fecha los contratos a través de Sección 8 no fueran renovados”, añadió.
