El problema mayor que enfrenta Puerto Rico y que le limita su acceso a los mercados es la falta de credibilidad y transparencia, problemas de esta administración y que esta propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, no atienden”, señaló el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Nuñez.
“Desde que llegó esta administración, nos han degradado en varias ocasiones, como consecuencia directa de sus acciones, llevando la nota crediticia a nivel de chatarra, algo nunca antes vivido. Los informes financieros auditados no han sido divulgados además, constantemente, ocultan información pública, lo que ha provocado demandas reclamando acceso a la información y reclamos de transparencia hasta del Congreso. Este gobierno desafía a los mercados no cumpliendo con su palabra y hasta con amenazas. En ningún lugar de la medida se atiende esta falta de credibilidad y transparencia”, indicó Méndez Nuñez.
Creación del Cuarto Poder
El legislador fue enfático en que la Delegación del PNP en la Cámara le hará frente a toda legislación que pretenda usurpar los poderes delegados por la Constitución al Poder Legislativo y que la propuesta de Fortaleza, pretende amenazar con hacerlo.
Aseguró además que el PNP en la Cámara está preparado para su fiscalización durante el proceso de vistas públicas, que según la presidencia del Cuerpo iniciará próximamente, y no descartó que la Delegación tome acción alguna en los tribunales si intenta la Delegación del Partido Popular aprobar ceder ante esta Junta los poderes constitucionales.
El Proyecto de la Cámara 2718, que crea la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica para Puerto Rico, va en contra de los preceptos constitucionales al intentar atar las acciones de una legislatura futura al dictar como debe asignar las partidas presupuestarias; delegar en una Junta los poderes inherentes de la Asamblea Legislativa de aprobar y de fiscalizar el presupuesto general; crea un “Cuarto Poder” nombrando a funcionarios por cinco años e intentando usurpar la capacidad de un próximo gobierno de implementar sus políticas públicas.
La Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico tendrá cinco miembros nombrados por el Gobernador con la aprobación del Senado, sin que la Cámara de Representantes pase juicio, ente legislativo encargado del presupuesto del Gobierno.
Tendrá personalidad jurídica propia, autonomía fiscal y administrativa e independiente del gobierno cuyos miembros, empleados y contratistas gozarán de inmunidad total excluyéndolos de cumplir con varias leyes que regulan el servicio público como la Ley de Ética Gubernamental y Ley del Fiscal Especial Independiente. Se elimina a su vez, la capacidad de acción de ciudadanos y otros poderes para reclamarles.
“Esta Junta es solo una artimaña de un gobierno que lleva 34 meses improvisando, que sabe que se le acaba el tiempo y está haciendo malabares para poder perpetuarse en el poder, intentando existir al margen de la ley”, expresó el representante por el Distrito 36 que incluye los municipios de Vieques, Culebra, Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande.
Improvisación que le cuesta al pueblo
Para el legislador cada decisión que ha tomado esta administración evidencia que no estaban preparados para administrar, que no tenían una visión de desarrollo y mucho menos algún plan que ejecutar. “A la fecha de hoy, se han creado 18 comités o ‘mesas’ bajo Orden Ejecutiva, donde el Gobernador ha tratado de articular un plan sin éxito. Además, ha gastado millones de dólares en firmas externas para que den su opinión (KPMG, Krueger, Plan de Ajuste Fiscal) y ahora pretenden crear una Junta de Control Fiscal que lo menos que nos va a costar son $60 millones”, reclamó el portavoz alterno del PNP.
“A esta Junta de Control Fiscal, este proyecto de ley le delega la aprobación del Plan de Ajuste Fiscal, al cual la mayoría de las personas, tanto de la misma legislatura como de distintos sectores, expresaron reservas. Si los representantes aprueban esta medida, le estarían dando al Gobernador una carta libre para llevar a cabo el plan al que un principio se opusieron”, concluyó Méndez Nuñez.
