Un Gran Jurado federal emitió este viernes una acusación contra cuatro agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico en la región de Humacao imputados con seis cargos por conspiración para cometer robo y robar propiedad del gobierno de los Estados Unidos.
Los acusados fueron identificados como el sargento Miguel Conde Vellón, Luis Rodríguez García, Carlos Boyrie Laboy y Quermie Márquez Rivera. Los agentes estaban adscritos a la Divión de Drogas de Humacao.
El pliego acusatorio detalla que, a partir de una fecha desconocida y hasta el 29 de diciembre de 2016, los oficiales Conde Vellón, Rodríguez García y Boyrie Laboy se ayudaron e instigaron mutuamente a conspirar para cometer robo y extorsión.
Los tres oficiales ilegalmente tomaron dinero y propiedades de una fuente confidencial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que los acusados creían que estaba involucrada en la venta de pirotecnia.
El 29 de diciembre de 2016, mientras los imputados actuaban en su calidad de agentes de la Policía y portando armas de fuego, realizaron un ingreso forzado no autorizado a una residencia ubicada en el barrio Duque, en Naguabo, que creían que era el “escondite” utilizado por el supuesto vendedor ilegal de pirotecnia.
Los agentes registraron la residencia, localizaron y tomaron posesión de los siguientes elementos pirotécnicos: dos cajas de fuegos artificiales que contienen cada una 40 piezas de fuegos artificiales genéricos; dos cajas que contienen cada una 53 piezas de fuegos artificiales Thunder Max; una caja que contiene 18 piezas de fuegos artificiales de Premiere FWK y $2,995 que creían que eran producto de una actividad ilegal de la persona y de una fuente confidencial sin autorización legal.
Por otro lado, el 15 de junio de 2017, o alrededor de esa fecha, Conde Vellón, Rodríguez García, Boyrie Laboy y Márquez-Rivera nuevamente realizaron una entrada forzada no autorizada a una vivienda en el barrio Calabazas, en Yabucoa, lugar utilizado por un supuesto vendedor ilegal de equipo electrónico robado.
Los acusados registraron la residencia para robar dinero en efectivo y bienes pertenecientes al presunto vendedor. Entre los artículos robaron dos tabletas Samsung y $6,350 que creían que eran producto de una actividad ilegal de un informante confidencial sin autoridad legal.
De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan una sentencia de hasta 20 años de prisión por violación al artículo 1951; hasta 10 años de prisión por violación al artículo 641; y hasta cinco años de prisión por violación al artículo 371 del título 18 del Código de los Estados Unidos.
