SAN JUAN (CyberNews) – El portavoz de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN), Luis Jorge Rivera Herrera solicitó el lunes se revelen públicamente y de inmediato los hallazgos de una investigación senatorial sobre irregularidades cometidas en la compra de terrenos privados en esta reserva natural, ubicada en Luquillo y Fajardo. “Solicitamos al Senado de Puerto Rico a que asigne prioridad e informe públicamente los resultados de esta investigación, particularmente por las serias implicaciones que ha y continúa teniendo sobre la compra de terrenos para conservación en el Corredor y el resto de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de asegurar el uso juicioso de los fondos públicos, responsabilidad cuya vigencia es mayor debido a la crisis fiscal y a los múltiples sacrificios económicos impuestos sobre toda la ciudadanía”, reclamó en un comunicado Rivera Herrera, quien es planificador y científico ambiental y asesor de la Coalición.
Indicó que el reclamo fue hecho tras una sentencia emitida por el Tribunal Superior de San Juan, adjudicando un valor de 32.5 millones de dólares a los terrenos donde estuvo propuesto el proyecto Costa Serena en Piñones, y que el gobierno iba a expropiar al empresario y proponente Joel Katz. Los terrenos habían sido tasados en el año 2008, por un valor de 4.9 millones de dólares. Esta cifra aumentó dramáticamente tras el proponente de Costa Serena demandar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reclamando que se tasaran los terrenos en Piñones bajo la premisa que el proyecto iba a ser construido, aun cuando nunca obtuvo un solo permiso, tal y como el gobierno había hecho en las compras realizadas en el CEN.
Precisó que la Resolución del Senado Número 177, ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por el senador Cirilo Tirado, a realizar un estudio abarcador sobre todo lo relacionado a la adquisición por parte del gobierno de los terrenos en el CEN, desde el año 2007 al presente. Según esta resolución, las adquisiciones que se realizaron en el Corredor y en donde estaban propuestos los proyectos residenciales-turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort, no reflejaron su justo valor.
Según el asesor ambiental, la resolución de investigación fue radicada por el senador Larry Seilhamer en marzo de 2013. La última vista senatorial, en la que depuso la Coalición, se llevó a cabo en diciembre de 2014. Sin embargo, el informe de la investigación no ha sido presentado a los miembros de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado para su aprobación.
“El resultado es una dramática inflación del precio de los terrenos adquiridos,” expone la resolución, según dijo el activista ambiental.
Además, señaló que la Coalición ha sometido evidencia al Senado demostrando que los informes de tasación utilizados en las compras de terrenos en el CEN incumplieron con numerosas disposiciones establecidas en las guías para la adquisición de terrenos con fondos federales (Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions – UASFLA, o Yellow Book). En consecuencia, señaló, “el Gobierno Federal debería estar interesado también en esta investigación dado al desembolso de más de 10 millones de dólares en fondos federales para la compra de terrenos privados en el Corredor”.
Rivera Herrera alegó que los terrenos fueron comprados por el DRNA a los proponentes de ambos proyectos en los años 2007, 2008, 2010 y 2013. En el caso del San Miguel Resort, la agencia pagó la suma de 32.5 millones de dólares por tres propiedades pertenecientes a Juan Ramón Zalduondo. Éste figura como acusado por la fiscalía federal en un caso aparte tras ser imputado de haber participación en un esquema de lavado de dinero asociado a narcotráfico. El DRNA pagó la suma de 3.5 millones de dólares a los empresarios Luis Alberto Rubí, Efraín Kier y Mark Green, proponentes del Dos Mares Resort, por la compra de 90 cuerdas en la reserva natural, en mayo de 2013.
