(18 de junio de 2019)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy que presentó una resolución conjunta con la que busca restituir $1,400 millones a las aportaciones individuales que realizaron los servidores públicos al Programa de Cuentas de Ahorro, mejor conocido como “Reforma 2000”, y el Programa Híbrido de Contribución Definida.
Según explicó Rosselló Nevares, del 2000 al 2017, se le requería a los empleados públicos participantes a contribuir desde el 8.275 al 10% de su retribución a estos programas, fondos que estarían disponibles al momento de acogerse al retiro. Sin embargo, el primer mandatario atribuyó a malas prácticas fiscales el motivo la razón para que ese proceso no realizara “adecuadamente”.
“Este dinero era retenido del salario de los empleados y enviado al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico para su segregación en cuentas individuales y eventual inversión para obtener un rendimiento. Sin embargo, debido a malas prácticas fiscales, ese proceso no se llevó a cabo adecuadamente y esos fondos fueron utilizados para cubrir otras obligaciones del Sistema de Retiro,” expresó esta mañana en un Facebook Live.
“Esas prácticas fiscales llevaron a que actualmente el Sistema de Retiro se encuentre en virtual insolvencia y haya tenido que entrar en un proceso de reestructuración al amparo del Título III de PROMESA”, agregó.
La aprobación de la Ley 106-2017, de acuerdo con Rosselló Nevares, logró que “la actual administración garantizara en un 100% el pago de las pensiones de nuestros retirados, incluyendo los fondos que los servidores públicos aportaron a los programas antes mencionado entre el 2000 y el 2017”.
Ese dinero es incluido todos los años en el presupuesto de gastos de las entidades gubernamentales.
No obstante, como parte del proceso de reestructuración del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, se determinó segregar los fondos necesarios para restituir las aportaciones realizadas por este grupo de empleados. Los fondos serían transferidos a una cuenta en fideicomiso, con usos restrictos, para eventualmente ser segregados individualmente conforme a lo que aportó cada servidor público.
“Con esta medida le hacemos justicia a los servidores públicos que contribuyeron parte de su salario a estos dos programas de retiro y que debido a prácticas irresponsables, nunca vieron esos fondos segregados e invertidos” sostuvo el ejecutivo.
El gobernador también mencionó que esta propuesta ha sido avalada por el organismo creado por PROMESA, por lo que la misma “es compatible con la agenda fiscal vigente”.
