(19 de julio de 2019)- En medio de la crisis política que actualmente afecta a su administración, el gobernador Ricardo Rosselló convirtió hoy en ley 18 proyectos.
Según un comunicado de prensa enviado desde La Fortaleza, uno de los proyectos es en beneficio de los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico y otro para brindar más independencia a la Oficina del Inspector General.
El resto de las medidas firmadas por el primer ejecutivo, de iniciativa legislativa, son: Proyectos de la Cámara 864 y 1015; los Proyectos del Senado 84, 304, 315, 867, 901 y 1069; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 291, 373, 376, 437, 438, 476, 492 y 502.
Es el Proyecto de la Cámara 650, de la autoría de la representante Lourdes Ramos Rivera, el que permite que los miembros del sistema de rango de la Policía ingresen al seguro social.
“Con la firma de esta ley, aseguramos que los policías puedan ser beneficiarios del seguro social, mientras tomamos las medidas para que su cheque quincenal no se reduzca”, expresó Rosselló Nevares en un comunicado de prensa.
La ley reduce la retención para el plan de contribución definida establecido por la Ley 106-2017 de 8.5% a 2.3%. Esta reducción de 6.2%, según la medida, será utilizada para sufragar la aportación mínima necesaria para poder ser beneficiario del seguro social.
“Al poder cotizar para el seguro social le brindamos a los policías una seguridad económica adicional, para que puedan vivir luego de haber sacrificado los mejores años de su vida al servicio público”, sostuvo el mandatario, quien desde el martes no realiza una aparición pública ni atiende a los miembros de la prensa.
Sin embargo, varias imágenes fueron publicadas hoy en las redes sociales de Rosselló mientras sostenía reuniones con integrantes de su gabinete.
Mientras, el gobernador indicó que la aportación al seguro social será opcional para los miembros que le queden menos de 10 años en la Policía.
Por otro lado, convirtió en ley el Proyecto del Senado 1293, que enmienda la Ley de la Oficina del Inspector General (OIG) para brindarle a la entidad fiscalizadora autonomía administrativa, operacional, presupuestaria y fiscal.
La medida equipara a la OIG con el grado de autonomía que tienen otras entidades fiscalizadoras, como la Oficina de Ética Gubernamental y el Contralor de Puerto Rico.
“Como he indicado anteriormente, no toleraré la corrupción en ninguna esfera del gobierno. Mi compromiso con el pueblo es combatir la misma con todas las herramientas que tengamos disponible como gobierno”, sostuvo Rosselló sobre la oficina que fue reincorporada en la presente administración.
Las declaraciones del gobernador surgen en momentos que su gobierno sufre una polémica por los arrestos federales el pasado 10 de julio de seis personas que pertenecían a su equipo de trabajo.
Entre ellas, la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Dávila.
Además, la divulgación de 889 páginas en un chat de Telegram en el que participaba el gobernador, funcionarios y allegados de su gobierno, ha desatado una controversia gubernamental que ha resultado en un masivo pedido a Rosselló para que renuncie de su cargo.
