“Al inicio de esta semana, el gobernador solicitó a la Asamblea Legislativa que declarara un estado de emergencia para el País. El Senado de Puerto Rico actuó de manera inmediata a base de las representaciones sin precedente sobre la situación crítica en las finanzas de Puerto Rico. Al activar un estado de emergencia mediante la Ley 21-2016, se concedieron ciertos poderes al gobernador consistentes con principios constitucionales con el objetivo de continuar proveyendo servicios esenciales a todos los ciudadanos. Esta Ley no predetermina el curso a seguir por el gobernador. Por esa razón, al asumir los poderes descritos en la Ley 21-2016, se agudiza el deber del Ejecutivo de actuar de manera responsable y transparente. El País solicita que se provea la información sobre los pasos que se tomarán para ejecutar esta Ley.Además, la Ley crea el puesto de un nuevo Principal Ejecutivo Financiero (Chief Financial Officer, en inglés). Es indispensable que el gobernador designe a nueva persona para este puesto que reinstaure la credibilidad perdida hasta hoy en Puerto Rico, en Washington D.C., en Wall Street y en los otros mercados financieros.Insisto y solicito al gobernador que le hable claro al país. No es momento para ofrecer declaraciones públicas defensivas, ni escudarse en peleas inconsecuentes. Reitero que es momento de que el gobernador asuma la responsabilidad que solicitó a la Asamblea Legislativa y explique el plan para los próximos días y meses. En momentos tan críticos, los puertorriqueños no pueden ser rehenes de la incertidumbre y de la especulación constante. Es mi responsabilidad constitucional y como representante del pueblo, exigir esa transparencia. Mi punto es sencillo, espero que el Ejecutivo lo entienda”.
