Para poder conseguir un cambio real, es indispensable atar la evolución del PPD a la atención de la seguridad como asunto de extrema importancia. Es un proceso de transformación de la actividad delictiva, en todas sus formas y manifestaciones, afectando la calidad de vida de todos los ciudadanos. La visión y el enfoque debe de ser subsanar los sistemas de seguridad pública, para evitar que continúe lacerando el desarrollo económico y social del país.
Mientras atendemos desde una perspectiva de política pública más amplia el tema de seguridad, a la vez brindaremos prioritariamente la necesaria atención a todo el componente de seguridad pública del país que ha sido absorbido en la burocracia e ineficiencia provocada por la Ley 20-2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.
Es necesario devolverle la autonomía inmediata a la Policía, Bomberos, Negociado de Investigaciones Especiales, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y Emergencias Médicas, tal como se hizo con el Instituto de Ciencias Forenses, fortalecer los recursos de cada una de ellas y brindarles a los empleados mejores condiciones laborales para enmendar los perjuicios que han sufrido y que han lacerado la motivación por decisiones gerenciales erradas.
Entre las propuestas del plan de trabajo en el área de seguridad nos enfocaremos, sin limitarnos, en:
1. Aumentar la tasa de Esclarecimiento de Delitos
2. Atención estratégica al problema del tráfico de drogas y armas ilegales
3. Seguridad Nacional Coherente e Integración Ciudadana
4. Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores
5. Vigilancia Electrónica
6. Ejercicios de Capacitación para Municipios y Agencias de Respuesta Inmediata
7. Implementar, mantener e integrar todos los sistemas tecnológicos del gobierno para aumentar la capacidad de prevención e identificación de actividades delictivas.
“La evaluación con conciencia de la Evolución Popular logrará el poder tomar decisiones adecuadas y ejecutar todas las decisiones sobre asuntos públicos”, expresó la candidata a la presidencia por el PPD.
Por otra parte, la criminalidad y el desarrollo de conducta delictiva tiene raíces muy complejas que deben atenderse de distintas vertientes para lograr a largo plazo una verdadera transformación del país hacia una sana y segura convivencia social.
Para alcanzar ese fin, habremos de exigir a las diversas áreas del gobierno ejecutar una visión complementaria a su deber ministerial primario que tenga por objetivo asistir desde su campo de acción en la prevención de la actividad delictiva:
· El Departamento de Educación debe ser capaz de identificar aquellos niños y jóvenes con características disfuncionales que pueden desencadenar en conducta delictiva y desarrollar un plan de servicio individualizado que procure incentivar su interés por los estudios que lo ayude al desarrollo de destrezas de conformidad a sus intereses y aptitudes.
· Las dependencias del gobierno cuyo deber ministerial va dirigido al desarrollo económico del país, tendrán el deber de desarrollar y hacer accesibles oportunidades genuinas de empleo o autoempleo dirigida a impactar comunidades, grupos, áreas o individuos proclives a la actividad delictiva.
· El Departamento de Recreación y Deportes tendrá la responsabilidad de ampliar sus programas de impacto comunitario en áreas o sectores propensos a la actividad delictiva para procurar cautivar a jóvenes y niños con el deporte como mecanismo de alejarlos del ocio, desarrollar destrezas y habilidades y abrirles toda la gama de posibilidades que el deporte ofrece al ser humano.
· El Departamento de la Familia, tendrá la responsabilidad de ampliar sus programas de impacto y servicios a la familia focalizado en modelos de intervención que procuren romper los patrones que hacen que las conductas delictivas se desarrollen o perpetúen por problemas de disfuncionalidad intrafamiliar que sus miembros no tienen las herramientas para manejar.
· La criminalidad es un asunto complejo que en gran medida es un síntoma o reflejo de la sociedad, de sus valores, de su identidad y objetivos colectivos. Se requiere del Gobierno una estrategia con rigor científico y eficiencia gerencial para atacar el crimen, tanto en sus manifestaciones como en su origen y garantizar la seguridad pública. Un claro disuasivo de la actividad criminal es la identificación y el procesamiento del transgresor de forma rápida y efectiva por parte del gobierno.
Durante el pasado cuatrienio el esclarecimiento de casos por parte de la Policía de Puerto Rico ha disminuido de un 57% en el año 2016 a un 21% en el año 2020. La falta de herramientas, recursos económicos, adiestramiento adecuado y trabajo en equipo entre los componentes del sistema de justicia criminal (Departamento de Justicia, Ciencias Forenses, Policía Estatal y Municipal) son las razones principales para esta debacle administrativa. La rama investigativa de la Policía de Puerto Rico necesita ser reestructurada para que todos sus componentes trabajen en equipo, que puedan aumentar el esclarecimiento de delitos de manera efectiva, y así sostener los casos en los Tribunales y lograr la convicción del delincuente.
