Por Ricardo Díaz / Presidente Interino PIP Humacao
Desde la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), los miembros de la comunidad universitaria han experimentado de primera mano cómo la institución ha pasado a un segundo plano, a ser catalogada como un gasto adicional que ha de ser refinanciado, en contraste con lo que realmente es y debe continuar siendo la universidad pública de la isla.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) fue conceptualizada como un derecho básico del pueblo y una responsabilidad de nuestro gobierno que representa la mayor inversión social y económica para Puerto Rico. Según la Ley 2, que garantiza el presupuesto de la Universidad al 9.6% de los recaudos del gobierno, para los años fiscales anteriores a la Junta de Control Fiscal, la UPR recibía aproximadamente $833 millones del Estado.
Gracias a esa ventaja, se destacaba por un rendimiento académico de primer orden y un bajo costo por crédito que intentaba asegurar la accesibilidad de la educación que ofrece. De ahí que la universidad solía ser la primera opción del estudiante puertorriqueño.
Hoy en día, la UPR se encuentra bajo una continua amenaza debido a los recortes presupuestarios impuestos por la JCF, pues desde el 2017, la Universidad ha sufrido recortes que ascienden los $407 millones para las once unidades académicas, dejando a muchos recintos prácticamente inoperantes.
Estas medidas de austeridad, impuestas por la JCF y aceptadas por el Gobierno Central, han exacerbado la precariedad de las finanzas de la Universidad hasta recortar fondos de programas de ayudas estudiantiles, renegociar contratos de vivienda, disminuir significativamente la oferta académica, reducir la nómina de empleados, docentes y a aumentar los costos de matrícula.
Se han publicado testimonios de estudiantes que los han condenado a culminar sus estudios por el aumento en el costo del crédito, otros no ven el día en que podrán graduarse en el tiempo deseado debido a la disminución de secciones en cursos que forman parte de su currículo, y algunos se han visto obligados a pedir un permiso especial para viajar horas a otro recinto para tomar un curso que se ha dejado de impartir. Si no tienen las clases, se siguen atrasando.
Los recortes presupuestarios son los que verdaderamente atentan contra la acreditación de la universidad, como lo vimos con el golpe más trágicos ha sido la pérdida de acreditación del Programa de Neurocirugía de la Escuela de Medicina por parte del Consejo de Acreditación para la Educación Médica, los estudiantes del Recinto Médico de la UPR tiene un programa de residencia con un déficit de equipo y personal médico, la Escuela de Derecho ha señalado que la escuela había perdido nueve plazas docentes de enseñanza, historias similares se repiten en todas las Escuelas y Facultades del Recinto y del sistema UPR.
Aunque muchos recintos se han dejado sentir en sus más recientes manifestaciones, resulta necesario unificar los esfuerzos estableciendo comunicaciones entre los consejos de distintas unidades académicas para encaminarnos hacia una solución. Por lo que, exhorto a la comunidad universitaria a difundir este mensaje y a fomentar, a la luz de lo propuesto, discusiones y estrategias de los temas que nos ocupan.
Tenemos que defender la UPR, sin la universidad no hay P.R.
