Luis (Luigui) Rivera / lgriveramedina@live.com
Las últimas semanas han sido de mucha acción para las autoridades federales en la lucha contra la corrupción pública en Puerto Rico. Esta nueva ronda comenzó con la sorpresiva renuncia del alcalde de Cataño, luego de haber firmado un acuerdo de culpabilidad por haber recibido sobornos de parte de contratistas relacionados a servicios de recogido de desperdicios sólidos y asfalto.
Luego cerramos la pasada semana con los arrestos del alcalde de Guaynabo y el vicealcalde de Trujillo Alto relacionados a los contratistas del caso anterior.
Lastimosamente, la corrupción afecta el desarrollo de nuestro país al privar al pueblo de servicios honestos y justos, en especial a los más desprotegidos. Esto aleja la posibilidad de obtener los fondos y otros recursos de manera directa que ayuden a desarrollar los programas sociales, educativos y de infraestructura necesarios para las aspiraciones futuras de nuestra sociedad.
Aunque la corrupción existe hace miles de años afectando a todos los niveles sociales, corporativos, políticos y religiosos, nos enfocaremos en el servicio público y cómo minimizar su efecto.
El soborno y la extorsión han sido los delitos clásicos en los pasados 40 años, que consiste en el que un ente privado con el ánimo de lucrarse del fondo público ofrece brindar beneficios económicos o de valor a cambio de contratos para servicios que deben ser provistos por las agencias gubernamentales.
Hagamos memoria y analicemos si la reducción del gobierno y la privatización no estarían correlacionados a la corrupción, ya que mientras menos servicios provea el gobierno más necesidad tendría de la intervención privada.
La corrupción no tiene partido político, pero los propios partidos tienen que ser el primer filtro para evitar que estos criminales lleguen al poder. Otra alternativa podría ser que las divisiones de Auditoría Interna de cada agencia o municipio se convierta en un brazo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, igual que se hace con los directores de Manejo de Emergencias que al momento de nombrarse tienen que ser endosados por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias.
Esto permitiría que la Oficina del Contralor cuente con un recurso adicional en la supervisión de las operaciones gubernamentales de forma constante sin tener que esperar a las auditorías de cada dos años.
Las agencias como el Departamento de Justicia, el Panel de Fiscal Especial Independiente y el Departamento de Hacienda deben comenzar a encauzar a los que le fallen al pueblo, la impunidad es tan o más dañina que los propios actos criminales.
La corrupción, además de desmoralizar a servidores públicos que día a día se levantan a dar el mejor servicio posible al pueblo, también nos ha costado mucho dinero que pudo haber tenido mejores usos. Es por ello por lo que nosotros como sociedad debemos elevar el estándar al momento de elegir.
Debemos dejar atrás la frase estilo Robin Hood de que “ellos roban, pero hacen obra”, y entender que tenemos los gobiernos que merecemos, porque los escogemos a nuestro reflejo y sin mucha evaluación, salvo el factor reconocimiento.
Hace un par de años nos indignaron las expresiones del hoy expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando este detuvo las ayudas aprobadas tras el paso del Huracán María, alegando corrupción gubernamental en Puerto Rico, y el tiempo le dio la razón.
