La pasada semana vimos como la clase política celebraba la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal con relación a que no solicitarán el recorte a las pensiones. Todo esto luego de que la Jueza Laura Taylor Swain derogara la Ley 7 de Retiro Digno por ser incompatible a la Ley PROMESA. En las próximas semanas estaremos viendo el proceso judicial dirigido por la propia jueza Taylor Swain en vista de confirmar el plan de ajuste de la deuda del gobierno, según establece el Capítulo III de PROMESA.
Para poner en perspectiva el panorama, Puerto Rico posee una deuda asegurada de sobre $70 mil millones, con inversionistas que accedieron a colocar su dinero para financiar obras y actividades del gobierno puertorriqueño.
Esa es una práctica común en todas las jurisdicciones para desarrollar los programas sociales y económicos que mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque en nuestro país en un sin número de ocasiones se accedieron a los mercados de capital para cubrir las deficiencias presupuestarias generadas por malas decisiones tomadas por los administradores del momento. Al igual, parte de este dinero fue utilizado para otorgar beneficios salariales que debieron haber sido cubiertos por ingresos recurrentes.
Según los datos ofrecidos por JSF, Puerto Rico enfrenta sobre 160,000 reclamaciones, incluyendo las peticiones de los pensionados que fueron consolidados, y están clasificados como peticionarios “No Asegurados”, por lo que éstos podrían recibir menos del valor total de sus acreencias (pensiones) al momento del ajuste.
Aunque la JSF había propuesto inicialmente una reducción de 8.5% en las pensiones que sobrepasaran los $1,500 mensuales, se supo que recientemente habían accedido a efectuar dicho recorte a las que pasaran los $2,000 mensuales. El pasado miércoles surge la última comunicación del fiduciario accediendo a no recortar las pensiones tal como han solicitado los funcionarios electos, dejando en manos de la Jueza Taylor Swain la decisión final sobre éstas. La comunicación de la Junta no garantiza una victoria a favor de los pensionados si tomamos en consideración las palabras de la juez al derogar la ley 7 de Retiro Digno, en la cual expresó que ella tomará su decisión basada en el derecho aplicable.
De la deuda asegurada que equivale a $70 mil millones se espera reducir la misma tal vez a $35 mil millones antes de permitir que la isla acceda nuevamente a los mercados de capital. Si tomamos en consideración que la deuda no asegurada a los pensionados se estima en $55 mil millones, no es lógico pensar que no sufra algún tipo de recorte.
Aunque ha habido comunicaciones constantes entre el liderato legislativo, la Junta y el Gobernador con el fin de lograr un acuerdo para el ajuste de la deuda, es la jueza quien tiene la última palabra sobre ello. Es momento de estar vigilantes y desarrollar otras estrategias para hacer frente a lo que pudiera ser una decisión en detrimento a la calidad de vida de miles de puertorriqueños en el momento más vulnerable de la vida de esta población.
Hoy te dicen que lucharán contra el recorte a las pensiones, pero muchos de ellos también dieron el voto a proyectos de ley que nos tienen en esta situación. Los pensionados no deben poner su confianza en manos de los que han llevado al país a esta disyuntiva, espero que no se dejen engañar nuevamente.
