La presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo, presentó una medida que ordena al Departamento de Educación a proveer la cantidad de casos reportados durante los últimos cinco años donde un estudiante del Sistema Público de Enseñanza haya introducido, distribuido o poseído un arma de fuego u arma blanca dentro de un plantel escolar.
“El poder contar con datos concretos sobre este tipo de incidentes en las escuelas resulta indispensable a los fines de que el propio Departamento, la Asamblea Legislativa y demás agencias relacionadas al orden público, podamos tomar acciones correctivas y preventivas para obstaculizar en su totalidad la entrada de drogas y armas a los planteles”, subrayó Soto Arroyo.
“Queremos validar las posibles políticas públicas necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de nuestros estudiantes, maestros y demás personal, particularmente a modo preventivo, y como medidor del comportamiento de la sociedad puertorriqueña que regirá los destinos de nuestro país”, sostuvo la representante del Partido Popular Democrático (PPD).
La legisladora recalcó que uno de los componentes que irrumpen el aprendizaje de los estudiantes es la criminalidad y demás actividades al margen de la ley, que surgen a las afueras de los planteles escolares, y en algunas circunstancias, acceden a los planteles.
“La razón de ser de la Ley Habilitadora del Departamento de Educación, (Ley 85-2018), fue designar la política pública que salvaguarda que nuestros planteles estén ajenos a toda actividad de índole delictiva, incluyendo, específicamente aquella en la que los participantes de esta sean los propios estudiantes. Queremos medir cuáles son las estadísticas al día de hoy, específicamente en casos de estudiantes con armas y drogas en las escuelas. Estamos optimistas en que Educación nos entregue esa información a la brevedad posible”, indicó Soto Arroyo.
La Resolución de la Cámara 705, además solicita a la agencia proveer los casos reportados donde se le haya ocupado a un estudiante, dentro del periodo escolar, cualquier tipo de sustancia controlada tipificada bajo la Ley del Programa Escuela Libre de Drogas y Armas adscrito al Departamento de Educación.
