Ayer quedó descubierto un esquema de fraude gubernamental por el que fueron arrestados los propietarios de un restaurante en Humacao y un empleado del Senado de Puerto Rico, acusados que ahora comienzan un proceso judicial por el que de ser encontrados culpables pudieran enfrentar hasta 20 años de prisión.
Sin embargo, según dejó claramente expresado, tanto la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez y el director del negociado Federal Duglas Leff, en una conferencia de prensa, se trata solamente de los primeros arrestos que forman parte de la investigación que continúa en curso.
Específicamente, Leff fue insistente y aseguró que relacionado al “esquema original”, hay un grupo de involucrados, entre ellos “políticos corruptos” que, “viven preocupados porque iremos (el FBI) a arrestarlos”.
Los humacaeños Chyrstal Robles Báéz e Isoel Sánchez Santiago, propietarios de Crepes By Us, en Humacao, junto al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz, son los tres acusados que fueron arrestados ayer por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (FBI). Enfrentan cargos por fraude electrónico, por mal uso de fondos de una entidad que recibe fondos federales, robo de identidad agravado y lavado de dinero. En total son 18 cargos.
“La cooperación de algunos de los cómplices en el esquema original ha sido de gran valor, ellos han reconocido sus errores y han decidido que la mejor manera en la que pueden ayudarse a sí mismos y al pueblo es uniéndose a nosotros para esclarecer esta red de engaños y mentiras. Desafortunadamente no todos los involucrados han tomado la decisión de hacer lo correcto en este caso. Hay un grupo de personas que saben bien quiénes son y viven en constante desasosiego, preocupados porque iremos a arrestarlos”, aseveró Leff.
“Hay otro grupo de personas involucradas, los funcionarios y políticos corruptos, la mayoría de ellos no nos han contactado”, añadió, luego de indicar que para esas personas “las noches serán largas y las horas en que logren conciliar el sueño serán menos”.
Leff les hizo un llamado a que los involucrados en el esquema cooperen con las autoridades.
“Ellos son lo peor, de lo peor en el campo de corrupción. Si hubiera la posibilidad de que ellos pudieran encontrar la decencia en sí mismos, la decencia de convertirse, deben ponerse en contacto con nosotros lo antes posible. De lo contrario recibirán una gratificación final, vamos a darles pon a la cárcel, gratis, en el asiento trasero de un vehículo oficial del FBI”, enfatizó.
La investigación del caso, referido por Justicia, inició luego que Luis Hiram Delgado, un contratista de la oficina del exrepresentante por el distrito de Humacao, Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado realizara denuncias sobre la práctica en el programa Jay y Sus Rayos X, que se transmite por Telemundo.
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Ayer, en conferencia de prensa, la fiscal federal Rodríguez Vélez confirmó los arrestos y explicó el modo en que operaban los implicados, en un esquema de fraude gubernamental. El caso fue referido al ente federal por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
Según la fiscal, el 1 de enero de 2017, tanto Robles Báez como Sánchez Santiago, incorporaron respectivamente dos compañías para ofrecer servicios de asesoría política y administrativa, relaciones públicas y consultoría, así como consultoría administrativa y gubernamental, redactar propuestas, ofrecer talleres sobre los procesos legislativos y también sobre procedimientos parlamentarios.
La compañía International Legislative and Government Consulting Group (LGCG), empresa propiedad Sánchez Santiago, tenía un contrato con la oficina de exrepresentante Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado. Mientras, la corporación de Robles Báez International legislative and Government Consulting Group (ILGCG) tenía un contrato con el Senado.
“Específicamente los acusados firmaron contratos por servicios profesionales con el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico. (Chrystal) Robles Báez en más de 15 ocasiones certificó y realizó pagos que indicaban que había asistido, o sea, que había ido y trabajado, y esto lo hizo en la Oficina de Asuntos Gubernamentales, todo esto para brindar supuestos servicios profesionales, como secretaria en los dos contratos, pero en realidad en esos días la acusada no asistió a la oficina ni proveyó los servicios, se encontraba en otro lugar”, abundó Rodríguez Vélez.
Aunque estiman que la cifra es mayor, ayer la fiscalía indicó que los comerciantes involucrados, propietarios del restaurante, Sánchez Santiago y Robles Báez se dividieron las ganancias del sistema, aproximadamente $27,300.
A su vez, la fiscalía indicó que, como parte del esquema, los implicados utilizaron la información personal de identificaciones personales de varias personas “para dar la impresión de que Robles Báez como coordinadora intergubernamental en nombre de la compañía, había brindado los servicios a las víctimas cuando nunca se solicitaron ni se brindaron”.
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Figueroa Cruz, además de ser director de la oficina senatorial, era presidente de la Legislatura Municipal de Bayamón y ayer, precisamente renunció a su cargo.
En la dirección del negocio de crepas en Humacao, según los datos revelados por el programa televisivo, aparecen registradas, además de las mencionadas, un total de cinco corporaciones.
Reacciona el presidente del Senado
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuerpo para el que laboraba el empleado Figueroa Cruz, ofreció expresiones a la prensa posterior al arresto de su empleado y los demás
implicados, entre ellos, Sánchez Santiago, quien figura como donante de su campaña política y activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), especialmente en el distrito de Humacao.
Según informó, Rivera Schatz, desde hace algunos meses había ordenado el inicio de una auditoría sobre los contratos que otorga su oficina A su vez, notificó que Figueroa Cruz quedaría removido de su cargo en el Senado.
“Como es de su conocimiento en horas de la mañana el FBI arrestó a un empleado del Senado, el compañero Ángel Figueroa Cruz, que trabajaba en la Oficina de Asuntos Gubernamentales. Estamos removiendo al compañero de todas las posiciones que ocupa, estamos separándolo del empleo, de todas las funciones… Nosotros no vamos a tolerar ningún acto que pueda constituir violación de ley, conducta antiética o que traicionen la confianza pública”, fue la breve reacción del líder senatorial.
