A las 137 medidas que el gobernador Pedro R. Pierluisi ha convertido en ley, se unió el Proyecto del Senado 189, que enmienda la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para que los médicos discutan con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides recetados.
Ahora, según dispuesto en ley, los galenos deberán orientar a sus pacientes sobre los riesgos de adicción y consecuencias adversas a la salud, incluyendo depresores del sistema nervioso central. También, tendrán que orientarle sobre las razones por las cuales la prescripción es necesaria.
Igualmente deben educar sobre los tratamientos alternativos que pueden estar disponibles en sustitución al opioide y los riesgos asociados con el uso de los medicamentos que se prescriben, tales como el riesgo de desarrollar una dependencia física o psicológica de la sustancia peligrosa controlada, e insuficiencia respiratoria mortal. De igual forma, sobre posibles consecuencias que podría acarrear que el paciente discontinúe o interrumpa el tratamiento sin que el médico intervenga en esa descontinuación, interrupción o variación de este, entre otras especificaciones.
“Como parte de nuestra misión y política pública está empoderar a los pacientes, pues es su derecho contar con la información correcta y completa sobre los tratamientos que reciben. A la firma de esta medida, se unen iniciativas que estamos realizando en el Gobierno mediante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), para adiestrar a miles de personas sobre el manejo adecuado de una sobredosis. Hasta el momento ASSMCA ha adiestrado a unas 14,529 personas y entregado 26,118 kits de naloxona intranasal, que es un medicamento para ayudar a reducir muertes por sobredosis de opioides. Además, se realizan campañas educativas y actividades de impacto comunitario que ayuden a prevenir la adicción y fallecimientos como consecuencia del uso de opioides” sostuvo el gobernador.
Esta pieza legislativa fue acogida por el Departamento de Salud, la Administración de ASSMCA y el Departamento de Justicia.
Por otra parte, y tras reiterar que en esta administración no habrá cierre de escuelas por baja en la matrícula ni por ahorros administrativos, Pierluisi emitió un veto al Proyecto de la Cámara 17 que buscaba enmendar la Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer que el estudio sobre el cierre, consolidación o la reorganización de una escuela estará disponible con un año de anticipación a la determinación, entre otras disposiciones.
En una carta enviada el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez y a su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau Santiago, el primer ejecutivo explicó que “este proyecto de ley contiene disposiciones que pudieran parecer necesarias para un proceso administrativo efectivo para el manejo de los recursos del Departamento de Educación (DE). Sin embargo, en un análisis ponderado de la medida resulta todo lo contrario. Además, esta medida según el análisis realizado tiene vicios de inconstitucionalidad”.
Entre otras cosas, Pierluisi señaló que esta pieza legislativa presenta un vicio de inconstitucionalidad “que resulta insalvable”. Se trata de la enmienda que propone otorgar deberes adicionales a los psicólogos escolares (Artículo 2.13) que no fue incluida en el título de la pieza legislativa, pues no se describe su intención y solo se hace mención nominal de la misma. “Esto tiene el efecto que dicha enmienda propuesta sea nula” según la sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico.
A esto se suma que al momento de redactar el proyecto no se consideraron las funciones que actualmente realizan los psicólogos escolares, así como la cantidad de estos en los planteles escolares.
