Una nueva política pública para prevenir, intervenir y dar seguimiento a todo tipo de casos de acoso escolar (bullying), incluyendo los motivados por la orientación sexual o identidad de género de los estudiantes, regirá en las escuelas públicas del País. La nueva política, contenida en la carta circular número 10-2015-2016 (http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/10-2015-2016.pdf) firmada por el secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Román Meléndez, servirá de instrumento para identificar los casos de acoso escolar, intervenir de forma inmediata con las partes involucradas y llevar a cabo las acciones correctivas que garanticen el buen desempeño de los estudiantes según se dio a conocer hoy.“Tenemos el deber de garantizarle a nuestros estudiantes un ambiente escolar seguro y libre de violencia para lograr un aprovechamiento académico eficiente. Mediante la firma de esta carta circular, buscamos que nuestras comunidades escolares conozcan cómo identificar la conducta de un estudiante agresor, protejan el bienestar de la víctima y puedan poner en vigor las medidas disciplinarias que sean necesarias de acuerdo a la conducta del acosador”, expresó Román Meléndez en declaraciones escritas.
Según explicó el titular, la nueva política pública revisa el protocolo para atender casos de “bullying”, establecido por su administración en abril de 2013, y atempera el mismo con la Orden Ejecutiva 2015-012 emitida por el gobernador Alejandro García Padilla, la cual ordena al Secretario de Educación a que adopte la reglamentación necesaria para garantizar que el sistema público de enseñanza esté libre de actos de hostigamiento e intimidación contra estudiantes por motivo de su orientación sexual o su identidad de género. También, con esta nueva carta circular se es más específico respecto a las responsabilidades de las escuelas, los Comité de Convivencia Escolar (COCE) y los diferentes componentes de la comunidad escolar en cada una de las fases (prevención, intervención y seguimiento) del protocolo.
En la revisión de la nueva política, que estuvo liderada por la secretaria auxiliar de Servicios de Ayuda al Estudiantes, participaron trabajadores sociales, consejeros escolares y psicólogos del Programa de Servicios Interdisciplinarios para la Convivencia Escolar (SICE), los directores de los Programas de Trabajo Social, Consejería Profesional en el Escenario Escolar, Enfermería Escolar, Oficina para la Promoción de la Excelencia Académica Estudiantil y Proyecto CASA. De igual forma, Gabriel Laborde y José Giovanni Luiggi Hernández, miembros del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), colaboraron con dicha revisión.
Como parte de la nueva política pública, el director escolar será responsable de realizar una campaña de orientación, al inicio de cada año escolar y periódicamente, para que estudiantes, personal docente y no docente, padres, madres y encargados conozcan el contenido de la carta circular, lo que constituye acoso escolar y sus efectos, así como las consecuencias que conllevan incurrir en este tipo de comportamiento. Además, debe elaborar un plan de prevención e intervención, que incluya supervisión en las zonas donde los actos de acoso sean más frecuentes.
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Los maestros, por su parte, deberán integrar al currículo temas relacionados a la prevención de acoso escolar, tales como: respeto, sana convivencia escolar, inclusión, manejo de conflicto, compasión, diversidad, bondad y empatía, entre otros. Esta actividad deberá ser evidenciada en la planificación diaria del maestro.
La nueva carta circular también establece que los COCE, compuestos por el trabajador social, el consejero escolar, un maestro regular y uno de Educación Especial, asistirán al director en todas las fases de la nueva política pública y procurarán atención médica, consejería, ayuda psicológica, de salud mental u otro tipo tanto para las víctimas de “bullying” como para los acosadores.
El acoso escolar (bullying) es un acto de violencia que se define como cualquier patrón de acciones repetitivas e intencionales por uno o más estudiantes dirigidas a causar daño o malestar y en donde hay un desbalance de poder real o percibido por la víctima. Sin embargo, un solo acto podría considerar como hostigamiento e intimidación debido a su severidad.
Procurador de menores orienta a directores sobre atención de casos de violencia
Los esfuerzos que realiza el DE para evitar actos de violencia en las escuelas también incluye la capacitación de directores escolares para que se empoderen de los procesos establecidos en ley y en los estatutos de la agencia para prevenir, intervenir y dar seguimiento a conductas violentas entre sus estudiantes. Es por ello que esta semana, más de 300 directores de reciente nombramiento fueron orientados por el procurador general de menores, el fiscal Marcos Algarín y la licenciada Jocelyn Carrasquillo, asesora legal del secretario de Educación, sobre los mecanismos que ofrece la Ley de Menores de Puerto Rico y el Reglamento General de Estudiantes para atender las situaciones de violencia en el escenario escolar. Como parte de la capacitación, organizada el Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas (ICAAE), los líderes escolares también fueron asesorados sobre los diversos programas e iniciativas del DE que buscan garantizar escuelas estables y seguras para así mejorar el aprovechamiento académico y elevar la tasa de retención escolar.
“Estamos trabajando arduamente para garantizarle a nuestras comunidades escolares un lugar de aprendizaje estable y agradable en el que cada uno sus componentes pueda ejercer libremente su función. Confiamos en que la proactividad para prevenir y atender con premura las situaciones en las que se atente contra la integridad moral o física de nuestros estudiantes redundará en beneficios no solo personales sino académicos para estos y contribuirá a nuestro objetivo de elevar el desempeño de nuestros estudiantes y su retención en el escenario escolar”, concluyó Román Meléndez.
