Durante una vista pública, el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, cuestionó la labor de fiscalización de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) a la compañía Aerostar Airport Holding, la cual tiene el contrato para operar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM).
En su ponencia, el director ejecutivo de la APPR, Joel Pizá Batiz, recalcó que la agencia contrató los servicios de entidades privadas para realizar monitoreos mensuales y anuales a Aerostar. Según explicó, estas evaluaciones exponen cualquier falta por parte de la compañía, con el objetivo de que se puedan solucionar y que cumplan con las disposiciones contractuales.
Ante cuestionamientos del presidente de la comisión sobre los monitoreos, Pizá Batiz sostuvo que pese a que el contrato no obliga la preparación de estos informes, “es práctica de la APPR requerir a estas entidades reportes mensuales de monitoreo que incluyan fotos”.
Según la ponencia de Pizá Batiz, se resaltó que conforme a la sección 8.5 del acuerdo, Aerostar se obligó a pagar a la APPR hasta un máximo de $250,000.00 para los gastos de servicio del monitoreo realizado por la agencia.
El senador Aponte Dalmau cuestionó sobre las auditorías que la junta de la APPR le realiza a la compañía privada que se encarga de monitorear Aerostar, y señaló que “aquí yo no le doy nota a usted, mi función es ver si esto, como está estructurado, beneficia de mejor manera al pueblo de Puerto Rico. Si yo fuera experto en aeropuertos, no estuviera sentado aquí”.
Por su parte, el funcionario comentó que “no es que delego en ellos y cierro los ojos. Ellos tienen tareas específicas, pero la labor de fiscalizar la tiene mi equipo y yo, y es combinada. Ellos ayudan con conocimiento de ingeniería y jurídico [la compañía contratada]”. También, enfatizó que el contrato cubre el año fiscal, y se fiscalizan las condiciones de las instalaciones, los subcontratistas, asesoría técnica, visitas de campo, y el cumplimiento de las métricas establecidas.
Aponte Dalmau mencionó que la comisión realizará una evaluación de los informes para determinar si durante los pasados ocho años se han preparado mensualmente. El licenciado le comentó que, al menos, durante los últimos dos años se han preparado los informes mensuales y anuales.
Por otro lado, durante la audiencia salió a relucir que la APPR no tiene herramientas para emitir multas en caso de que Aerostar cometa faltas, porque el acuerdo contractual no rige esta autoridad. “APPR está haciendo más de lo requerido en el acuerdo contractual para mantener un monitoreo de las actividades que realizan,” según resaltó su director ejecutivo.
“Si no es porque la asamblea legislativa tiene que intervenir en estos procesos, todos estos contratos se nos van. En este caso usted tiene auditoría mensual […] A mí me parece que esto es súper necesario para que se fiscalicen, y con todo y eso, usted admite que no tiene todas las herramientas para fiscalizar esto de manera más efectiva”.
En un aparte con la prensa, el licenciado Pizá Batiz aceptó que la APPR necesita más herramientas para fiscalizar, pero que “siempre hay espacios para mejorar”.
La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía solicitó a la APPR una inspección ocular de los informes, así como cualquier otro documento que se necesite para las próximas vistas públicas sobre este asunto.
