(1 de julio de 2019)- Un proyecto de ley radicado la semana pasada en la Cámara de Representantes obligaría a agresores a costear y asegurar la provisión de servicios médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería u orientación a las víctimas de violencia doméstica, entre otros delitos incluidos en la Ley 54.
El representante Manuel Claudio Rodríguez presentó el Proyecto de la Cámara 2174 para enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley 54, y establece que, una vez dictado por un tribunal, que sea mandatorio que los acusados por la agresión paguen una indemnización económica especial para cubrir los gastos de los servicios médicos de la víctima, así como de familiares afectados.
Según la medida, en situaciones donde el agresor se encuentre impedido de costear una indemnización económica, será provista a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA).
“En adición a la Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos del Delito, es importante asegurar que se les brinden los servicios antes descritos a las víctimas como familiares cercanos que hayan presenciado los hechos en donde la mayoría de los casos lamentablemente son los hijos quienes suelen ser los más afectados”, indicó el legislador.
Además, la enmienda a la Ley 54 añade que los agresores serán sometidos a una evaluación psicológica detallada que será realizada por un psicólogo especializado y deberá establecer que el victimario entiende lo que es conducta constitutiva de violencia doméstica y está consciente sobre el efecto nocivo de ello en su familia. Al agresor se le ordenará participar de manera compulsoria de un programa o taller de reeducación y readiestramiento para personas agresoras.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central expresó que “para nosotros es importante asegurarnos que los agresores rompan con esa conducta y con la cadena de violencia dentro de un entorno familiar”.
“Es por ello que esta ley dispone que el tribunal impondrá como condición que el agresor(a) sea sometido a una evaluación psicológica, la cual establecerá el nivel de conocimiento sobre la conducta constitutiva de violencia doméstica, y le ordenará de forma compulsoria al agresor(a) asistir a unos talleres de educación para personas violentas y recibir la ayuda necesaria para modificar su conducta”, señaló.
“Para mí lo más importante es la salud mental de todos los involucrados en estos eventos y de esta manera podremos evitar posibles víctimas y tragedias futuras en las familias puertorriqueñas”, recalcó Claudio Rodríguez.
