Por Ricardo Díaz / Presidente Interino PIP Humacao
Hemos insistido en un nuevo modelo de salud pública fundamentado desde la perspectiva de que la salud es un derecho humano. Es necesario un nuevo plan de salud universal donde el criterio rector sea la protección del ser humano y no el lucro de unas empresas.
Según el “Behavioral Risk Factor Surveillance System”, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 255,495 personas de 18 años o más no tenían plan médico en Puerto Rico. El doctor Ibrahim Pérez, exdirector de Salud de San Juan dijo al CPI que “en Puerto Rico ahora mismo se calcula que hay entre 200 y 300 mil personas que no tienen tarjeta de salud. Ahora se considera que puede ser mucho más, por los despidos en la pandemia.
Es urgente la necesidad de transformar un sistema de salud universal, con la aprobación de un plan nacional de salud. Este proyecto, además de establecer un modelo público de salud vanguardista y moderno, está también basado en la promoción y prevención de la salud, con una intensa participación de las comunidades y distintos sectores de la sociedad.
En vistas públicas en la Cámara, las aseguradoras y el Gobierno se opusieron a un proyecto de ley que les obligaría a incluir, como parte de su cubierta básica, el suministro de equipo de monitoreo continuo de glucosa para pacientes diagnosticados con diabetes mellitus, una iniciativa endosada por los sectores de la Salud.
Simultáneamente, la Procuradora del Paciente afirmó que las denegatorias de medicamentos encabezan la lista de quejas en su oficina, sobrepasando las mil querellas. El Instituto de Desarrollo de la Juventud informó que los indicadores de salud del plan vital están por debajo del promedio, con falta de medicinas y médicos primarios.
Los terribles testimonios de personas que no tienen acceso a la salud y que necesitan de la solidaridad comunitaria para poder costear estos servicios son la orden del día. Muchos deambulantes no tienen ayuda médica porque no tienen seguro.
Estiman que entre 20,000 y 30,000 personas viven en la calle en Puerto Rico y muchos padecen de condiciones no tratadas, lo cual agravaría una situación de emergencia. Más aún, los tratamientos con metadona que reciben están limitados.
Por el contrario, los gobiernos han optado por la implementación de una desastrosa política pública de privatizar la inmensa mayoría de nuestro sistema de salud, convirtiéndolo en rehén de las grandes aseguradoras y dejando la salud de un gran sector de la población a merced del lucro. El modelo privado del “plan vital” reconoció que el derecho está subordinado y a la merced del mercado de salud. El director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), en más de una ocasión.
Nos dejó claro que los servicios de salud, “son libre mercado y no puede haber intervención”. En otras palabras, las personas son un “costo” para las aseguradoras, por lo que los servicios médicos, las terapias, los medicamentos y los tratamientos para salvar vidas están condicionados a que no se afecten las ganancias de estas empresas, además de que la fiscalización del gobierno debe ser una mínima para que el mercado funcione.
No es posible aspirar a una sociedad justa si existe desigualdad y discrimen en el acceso al derecho a la salud.
Es hora de acabar con un sistema que ha convertido a la salud en un negocio. La salud es un derecho y todos debemos tener acceso a servicios médicos de calidad.
