Un grupo de líderes comunitarios coincidieron, el miércoles, en que es necesario que sean insertados dentro de las gestiones que realiza el gobierno central para manejar la pandemia de coronavirus que afecta al país.
Ciudadanos de ocho pueblos que se caracterizan por servir a sus comunidades, principalmente en momentos de crisis, dirigieron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el gobierno central con algunas de las inquietudes.
El presidente de la Junta Comunitaria Playa Húcares del Barrio Santiago y Lima en Naguabo, Carlos Iván Pérez García fue uno de los que participó en el encuentro.
“No veo que el sector comunitario se haya insertado en esto, cuando es ese sector el que puede identificar y ayudar en llevar el mensaje del gobierno”, mencionó el portavoz.
De acuerdo con Pérez García, así como con las expresiones incluidas en la misiva, los residentes destacaron limitaciones en acceso a información y ausencia de personal de trabajo social, principalmente cuando el aislamiento que dispone el toque de queda, que comenzó el pasado 15 de marzo, puede resultar en crisis emocionales.
“No ha habido una estrategia eficiente de orientación y de apoyo a la ciudadanía. Esto, sumado a la inconsistencia de la información provista, provoca un estado de angustia y desasosiego general. Los servicios relacionados a la salud mental y situaciones sociales ya eran limitados antes de la pandemia, y ahora se han restringido aún más”, indica el documento autorizado por los líderes, entre ellos, además, de pueblos como Juncos, Caguas, San Juan, Loíza y Yauco.
Sobre ese asunto, Pérez García cuestionó el que los trabajadores sociales realicen sus funciones de manera remota, desde sus hogares. Según propuso, deberían acudir a las comunidades con las debidas medidas de protección.
“Me ha llamado mucho personal que ha caído en ansiedad anticipatoria compulsoria. Son enfermeras y personal médico. Tuve que atender a dos enfermeras, que (sienten) que ya no pueden ver el hospital. Le dan ataques de pánico”, narró.
“Un cierre como el que está ocurriendo va a desubicar a la gente. Están entrando en crisis emocionales porque están encerrados. Y me preocupa la convivencia de parejas”, añadió Pérez García, a la vez que advirtió que La Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) “no ha dado mecanismos paliativos” para manejar esas emociones.
De la misma manera, el grupo asintió que, “hay una falsa percepción de que todos (los ciudadanos) tenemos acceso adecuado y eficiente a la tecnología e Internet”.
“Preocupa el acceso para la solicitud de la ayuda suplementaria de alimentos (Programa de Asistencia Nutricional) para los que han perdido su empleo o trabajan por cuenta propia y por el toque de queda no pueden
generar ingresos. La plataforma es ineficiente para atender la emergencia. Esto se complica cuando el servicio de comedores escolares no está disponible para nuestros niños”, señaló el conjunto.
Las preocupaciones incluyen otros planteamientos como asuntos relacionados a la alimentación, acceso a medicamentos, principalmente para las personas de edad avanzada e inaccesibilidad a materiales de protección. Igualmente, plantearon la realización de “procedimientos a oscuras” por parte del gobierno central y que “se sigue legislando, se toman decisiones y aprueban leyes sin debate público ni participación de la ciudadanía”.
