Fiscalía identifica acusados de Humacao por ser “empleados fantasmas”

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Twitter / El acusado Isoel Sánchez Santiago junto a Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico.

Los humacaeños Chyrstal Robles Báéz e Isoel Sánchez Santiago junto al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, Ángel Figueroa Cruz, son los tres acusados de un esquema de fraude por el que ,de ser encontrados culpales, pudieran enfrentar hasta 20 años de cárcel.

Esta madrugada, agentes del Negociado de Investigaciones  Federales, (FBI) ejecutaron las órdenes de arresto contra los acusados, dos de ellas en Humacao y una en la zona metropolitana, las tress, relacionadas a la investigación sobre los llamados “empleados fantasmas” en El Capitolio.

Los implicados enfrentan en total 18 cargos: 10 cargos por fraude electrónico, un cargo por mal uso de fondos de una entidad que recibe fondos federales, robo de identidad agravado y lavado de dinero.

En conferencia de prensa, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez confirmó los arrestos y explicó el modo en que operaban en un esquema de fraude gubernamental. El caso fue referido al ente federal por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. 

“Desde junio de 2016 hasta julio de 2018, los acusados en este caso, Cristal Robles Báéz, Isoel Sánchez Santiago y Ángel Figueroa Cruz, conspiraron para estafar al gobierno de Puerto Rico por medio de representaciones y promesas falsas y fraudulentas. Por medio de contratos por servicios profesionales, los acusados en este caso llevaron a cabo su plan de defraudar, facturando, aprobado y cobrando por trabajos que no se completaron o que se realizaron en contradicción a los términos explícitos de los contratos”, indicó Rodríguez Vélez. 

A su vez, precisó que los acusados (Robles Báez y Sánchez Santiago), que son propietarios del restaurante Crepe By Us en Humacao, trabajaron en campañas electorales para candidatos a cargos electos durante las elecciones generales del año 2016.

“Después de las elecciones generales, a fines de ese año, los acusados comenzaron a explorar, oportunidades de empleo con el gobierno de Puerto Rico, incluyendo contratos por servicios profesionales. El primero, del año 2017, el 1 de enero, en vez de celebrar con sus familiares el año nuevo, los acusados comenzaron a ejecutar su plan para enriquecerse ilegalmente”, añadió Rodríguez Vélez.

Según la fiscal, el 1 de enero, tanto Robles Báez como Sánchez Santiago, incorporaron respectivamente dos compañías para ofrecer servicios de asesoría política y administrativa, relaciones públicas y consultoría, así como consultoría administrativa y gubernamental, redactar propuestas, ofrecer talleres sobre los procesos legislativos y también sobre procedimientos parlamentarios.

La compañía International Legislative and Government Consulting Group (LGCG), empresa propiedad Sánchez Santiago, tenía un contrato con la oficina de exrepresentante Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado. Mientras, la corporación de Robles Báez International legislative and Government Consulting Group (ILGCG) tenía un contrato con el Senado. 

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La investigación sobre los empleados que aparecían contratados en cuerpos legislativos, pero que no desempeñaban sus funciones, inició luego que  Luis Hiram Delgado, de Humacao, un contratista de la oficina del exrepresentante por el distrito de Humacao, Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado realizara denuncias sobre la práctica en el programa Jay y Sus Rayos X, que se transmite por Telemundo.

“Específicamente los acusados firmaron contratos por servicios profesionales con el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Robles Báez en más de 15 ocasiones certificó y realizó pagos que indicaban que había asistido, o sea, que había ido y trabajado, y esto lo hizo en la Oficina de Asuntos Gubernamentales, todo esto para brindar supuestos servicios profesionales, como secretaria en los dos contratos, pero en realidad en esos días la acusada no asistió a la oficina ni proveyó los servicios, se encontraba en otro lugar”, abundó Rodríguez Vélez.

Según la cifra “conservadora” que estimó la investigación, Sánchez Santiago y Robles Báez se dividieron las ganancias del sistema, estimada en $27,300. La fiscalía insistión en que fue conservadora con el número, pero que puede tratarse de una suma mayor. 

A su vez, la fiscalía indicó que como parte del esquema, los implicados utilizaron la información personal de identificaciones personales de varias personas “para dar la impresión de que Robles Báez como coordinadora intergubernamental en nombre de la compañía, había brindado los servicios a las víctimas cuando nunca se solicitaron ni se brindaron”.

En la conferencia, aunque el director del negociado Federal Duglas Leff y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, indicaron que las investigaciones continúan y que se esperan próximas intervenciones no precisaron detalles. Tampoco precisaron si dentro del próximo grupo de personas vinculadas se encuentran necesariamente figuras políticas.

“Cuando digo que es el primero estoy siendo explícita, es el primero de muchos más”, abundó por su parte, Rodríguez Vélez.