CUD exige se ponga en vigor de inmediato un nuevo reglamento de permisos

La decisión de la Junta de Planificación es un acto de obstinación e irresponsabilidad al pedir reconsideración de un reglamento que es ineficaz para la economía de un país.

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La Presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes M. Aponte Rodríguez, exigió a la Junta de Planificación que tome acción inmediata y defina el rumbo correcto a seguir en la otorgación de permisos, tanto para el sector de la construcción, como para la otorgación de permisos a negocios en la isla, ante la anulación por el Tribunal Supremo del Reglamento Conjunto 2020.

ʺEstamos cansados de que a los pequeños y medianos empresarios se les continúe atropellando y discriminando. Hoy no hay con certeza un Reglamento que nos guíe en la otorgación de permisos para poder funcionar un negocio. Esto vuelve a trastocar nuevamente nuestra ya lacerada economíaʺ, expresó la presidenta del CUD.

Explicó que la Junta de Planificación lleva tres intentos fallidos, porque se continúan cometiendo los mismos errores, utilizando un reglamento nulo, comprometiendo a diversos sectores como: inversionistas, comunidades, fondos federales, entre otros.

Según la institución, han sido muchas las reuniones y participación en vistas públicas donde el CUD se ha expresado. La objeción al reglamento ha sido una desconsideración al sector empresarial. El nuevo reglamento 2020, es prácticamente una copia del anterior obviando gran parte de las preocupaciones del CUD. Estos reglamentos impiden el desarrollo y el progreso de las PYMES, que son el motor económico que mueve a un país.

ʺEl Reglamento tiene serios problemas y la Junta de Planificación ha insistido en incumplir con la sentencia del tribunal, nos encontramos ante una mezcla de procesos, el cual lo único que ha ocasionado es que el sistema sea uno muy frágil y difícil de implementar. El continuar insistiendo e invertir dinero del erario público para apelar a una decisión que ha sido por unanimidad por el más alto foro, es una acción de obstinación e irresponsabilidad en momento en que el país se encuentra en quiebra, el llamado es tomar acción correctiva de inmediatoʺ, indicó la líder del CUD.

Dijo que la exposición de motivos de la Ley 19, supra, de forma clara y constante enfatiza el objetivo de minimizar costo, simplificar y agilizar procesos, a los fines de fomentar y fortalecer el desarrollo económico del país. Estos objetivos no son emulados o alcanzados por el reglamento 2020.

ʺComo sector empresarial comprometidos con Puerto Rico, apoyamos estatutos reglamentarios que abonen en los esfuerzos de fortalecer nuestra economía, que la misma sea sostenible, eco amigable y que sirvan de apoyo en la retención y generación de empleos. En este proceso, el gobierno tiene una función vital y es el llamado a establecer unas bases que salvaguarden la transparencia de los procesos, la confianza en la gesta pública, y la agilidad. Una gesta que debe ir de la mano con los preceptos del desarrollo económicoʺ, puntualizó la presidenta del CUD, Lourdes M. Aponte Rodríguez.

El pedido de las Pymes es sencillo; modernización de los procesos al utilizar herramientas tecnológicas para su agilización, apoyar un mecanismo que facilite la consolidación de trámites y gestiones, así como que permita a las agencias contar con un sistema digital uniforme que viabilice la comunicación entre estas. Esto evita que los negocios tengan que llevar a cabo gestiones de forma individual en cada una de las dependencias.

Afirman que la incertidumbre y la falta de acción correctiva de emergencia de parte de las agencias públicas se ha convertido en un bochorno ya a nivel internacional. Esto atrasa el desarrollo económico de un país por acciones adversas y mal planificadas de las agencias concernientes.

“Le pedimos al señor gobernador, honorable Pedro Pierluisi Urrutia, que ponga mano dura en esta situación y defina con carácter de urgencia el Reglamento al cual deben regirse nuestras Pymes de ahora en adelante. Entendemos que si el Reglamento Conjunto 2020 es nulo lo más sensato es revertir los procesos de permisos de este y dejarnos llevar por uno que no tenga las deficiencias que ha determinado el Tribunal Supremo. La mejor opción es que se redacte uno nuevo y que se atempere a los reclamos reales de los sectores que mueven la economía de nuestro paísʺ, concluyó la presidenta del CUD.