El grupo de acción ciudadana Puerto Rico Limpio presentó sus recomendaciones a los miembros del Grupo de Trabajo del Congreso sobre el Desarrollo Económico en Puerto Rico la semana pasada, alegando que el sistema de vertederos de la isla “está sumido en un caos regulatorio y se ha convertido en un obstáculo al desarrollo económico”, debido a “la aplicación inconsistente y laxa de las leyes y normativas”.
En la presentación realizada por el co-fundador de Puerto Rico Limpio, Hiram Torres Montalvo, el grupo dice que el incumplimiento generalizado de los vertederos de Puerto Rico “ha dejado huellas profundas en nuestro paisaje y constituye una amenaza a nuestras comunidades” y que “el continuo estado de incumplimiento de los vertederos podría conducir a mayores costos y pasivos para el futuro crecimiento de la industria y el comercio. Para eliminar la amenaza inminente a nuestras comunidades y al medio ambiente, y para salvaguardar nuestro futuro crecimiento, es imperativo resolver la crisis de los vertederos”, escribió.
“Un sistema de eliminación de residuos peligrosos tan inestable como el que tenemos en Puerto Rico plantea considerables riesgos, tanto para la industria como el comercio, porque estos dependen del suministro confiable y seguro de un servicio de gestión de desperdicios sólidos para poder operar en la isla”, indica la carta. “¿Cómo podemos promover la confianza en Puerto Rico para que los inversores extranjeros vengan a hacer negocios aquí si no podemos garantizar algo tan básico como los estándares federales mínimos en todos nuestros vertederos?”
Torres Montalvo revisó las normas federales aplicables de acuerdo a la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de los Estados Unidos y señaló que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se ha “lavado las manos” de su responsabilidad de velar por la aplicación local de la normativa según los documentos internos publicados recientemente en el informe de Puerto Rico Limpio, “El Envenenamiento de Puerto Rico.” Torres Montalvo escribió que, al leer las evaluaciones internas de la EPA y las comunicaciones sobre el tema que se han hecho desde 2005, “descubrimos un nivel de negligencia sorprendente e inaceptable”.
“El caos regulatorio en la gestión de residuos sólidos puede ser un factor en la existencia de costos más altos en la salud pública, los recursos ambientales, el desarrollo de bienes reales, la agricultura y muchas otros aspectos básicos que hacen al desarrollo”, destacó Torres Montalvo. “Por otra parte, los vertederos que no cumplen son un caldo de cultivo para los mosquitos, el principal vector de la epidemia del virus del Zika en Puerto Rico, que se está convirtiendo rápidamente en el epicentro de la enfermedad en América del Norte. Además del terrible costo que representa para la salud pública, el virus del Zika está amenazando nuestra industria del turismo, que es de vital importancia, así como la contaminación de las playas, las costas y las reservas naturales”, escribió.
El grupo ha propuesto que el Grupo de Trabajo realice una serie de recomendaciones dirigidas al Congreso, como parte de su mandato en virtud de la ley federal PROMESA, para manejar el tema de la crisis de los vertederos de manera efectiva. Los dos primeros puntos fueron dirigidos a la EPA, y allí el grupo recomendó lo siguiente:
· El Grupo de Trabajo debería recomendar que la EPA revoque inmediatamente su aprobación del plan de permisos encargado a la Junta de Calidad Ambiental local (JCA) desde 1994, y por lo tanto, sus facultades de ejecución. “No hay excusa para que la EPA deje pasar otro día permitiendo que la JCA mantenga esta autoridad”, dada su incapacidad para hacer cumplir la ley, señaló el grupo.
· El Grupo de Trabajo debería recomendar que todos los vertederos abiertos sean clausurados de inmediato. Esto significaría que todos los vertederos que no cumplen y que ya han sido declarados “vertederos a cielo abierto” por la EPA en sus documentos internos “deberían recibir una orden de detener la recepción de residuos de inmediato, prohibiéndoles la realización de cualquier actividad de expansión adicional, con el objetivo de que se cierren en el menor tiempo posible”, dice la carta.
Torres Montalvo señaló que si la EPA “no está dispuesta a llevar a cabo” estas dos tareas dispuestas bajo el RCRA, a continuación, el Grupo de Trabajo “debe recomendar que el Congreso apruebe la legislación necesaria para ordenar” a la EPA que los realice. El grupo añadió que se deben “imponer” los planes de cierre en vertederos abiertos que han sido programados para cerrar “en no más de un año”.
La ley federal “establece requisitos claros para el cierre seguro de los vertederos de residuos no peligrosos, y el personal de aplicación de la EPA Región 2 ya ha llevado a cabo numerosas inspecciones de cada uno de estos vertederos en Puerto Rico, desde hace años”, reza la propuesta. “Como la mayor parte de los datos clave ya están disponibles para el Congreso en virtud de su poder de citación, en relación los vertederos a cielo abierto en Puerto Rico, se deben confeccionar los planes de cierre inmediato para todos aquellos vertederos a cielo abierto que deberían ser cerrados, y los mismos impuestos en cada instalación que no cumple.” La carta añade que el Grupo de Trabajo debería recomendar que “se establecezca un fondo provisional, con dinero del presupuesto de la EPA, para financiar la instalación de los requisitos básicos aplicables a un sitio cerrado” en virtud de las leyes federales, y que este fondo debe ser administrado por la Junta de Control federal establecida por la ley federal PROMESA.
El grupo también pidió que “los vertederos cerrados sean transformados y reutilizados con el fin de fomentar el desarrollo sostenible, beneficiando a los municipios y a la red energética”, y que inviten a las empresas privadas a invertir en la generación de energía solar y eólica en los sitios clausurados para contribuir a sobrellevar el costo de los cierres. “Esto significa que el cierre de los sitios peligrosos será utilizado como una oportunidad para aportar soluciones a la crisis energética de Puerto Rico, apoyando el desarrollo económico mediante la tecnología de la energía moderna y limpia con ingresos que son más seguros y sostenibles para los municipios que la gestión de basurales a cielo abierto”, insistió Torres Montalvo .
Por último, Puerto Rico Limpio pidió al Grupo de Trabajo que recomiende la adopción de “un plan para la transición hacia la plena observancia” de la RCRA “por parte de todos los vertederos remanentes en Puerto Rico”. El grupo aboga por un programa que juntaría a los alcaldes de Puerto Rico con la Autoridad de Desperdicios Sólidos, los operadores de los vertederos poseedores de buenos registros de cumplimiento y con el sector privado, para establecer un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos”, que incluya la aplicación obligatoria de la ley de la RCRA Subtítulo D, sin excepción.” El plan también debe incluir la “construcción inmediata de estaciones de transferencia en los vertederos a cielo abierto que han sido identificados para su cierre inmediato”, propuso Torres Montalvo. “Esto podrá asegurar la continuidad del transporte de residuos no peligrosos a los rellenos sanitarios que sí cumplen”, mientras que “las empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro que participen en el reciclaje deben ser invitadas a asociarse para establecer las estaciones de transferencia con vistas a fomentar la viabilidad económica del aumento del reciclaje en Puerto Rico cuya tasa actual es 7%, mientras que en los Estados Unidos continental su promedio ronda el 34%”, escribió.
La presentacion de Puerto Rico Limpio estaba entre los más de 300 documentos recibidos por el Grupo de Trabajo en el plazo inicial que venció el 2 de septiembre. Sin embargo, el Grupo de Trabajo anunció el martes que la fecha límite para la presentación por parte del público se había extendido hasta el 14 de octubre de 2016.
