El alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos explicó esta semana la operación del Programa de Erradicación de Estorbos Públicos que ha creado en su Municipio, como una alternativa para prescindir de la figura del contratista intermediario que tanta controversia ha generado en días pasados por alegadas irregularidades en otros municipios. También para aclarar rumores de que el Municipio se convierte en propietario de algunas de estas estructuras.
En un “live” de Facebook que utilizó para explicar el Programa, enfatizó que lo importante para su Administración es lograr embellecer las áreas donde se encuentran estas viviendas abandonadas y en mal estado y agilizar el proceso para que en caso de que sus propietarios no aparezcan a hacerse cargo, puedan proceder con sus subastas públicas de las mismas. Como no existe un intermediario con ánimo de lucro, el proceso se hace más fácil, expresó el alcalde.
Para esto, señaló, se creó una estructura municipal mediante ordenanza que está adscrita a la Oficina del Alcalde, y cuenta con cuatro empleados totalmente dedicados al Programa. El mismo está encabezado por el director de Finanzas que es abogado y funge como juez en las vistas administrativas que se tienen que realizar como parte de los procedimientos. Desde hace poco más de un año se viene trabajando en una especie de proyecto piloto en el que se tomaron 45 casas y corrió todo el proceso, logrando que aparecieran casi la mitad de los propietarios de estas y las pusieran al día. Las restantes se esperan sacar a subasta más adelante.
Al momento, añadió Alverio Ramos, han identificado en el casco urbano 212 propiedades con características de estorbo público y se estima haya sobre 1,000 en todo el territorio samaritano. El proceso es, según abundó, que primero se les coloca un rótulo de Aviso de Intensión de Declarar Estorbo Público y si los dueños no aparecen o no se hacen responsables, desde el Programa de Erradicación se hacen cargo de correr el resto del procedimiento que incluye la realización de inspecciones, búsqueda de documentos en el Registro de la Propiedad y el CRIM entre otros, para ponerla apta para ser declaradas estorbos públicos y sacarlas a pública subasta. “La casa nunca pasa a ser propiedad del Municipio”, enfatizó el primer ejecutivo.
“La Declaración de Estorbo Público como tal nos permite preparar un inventario para hacer una subasta pública, que tenemos que anunciar en nuestra página del Municipio por ley. A esta subasta acuden adquirentes interesados que traen un cheque. La persona que sale agraciada deposita en el Departamento de Finanzas del Municipio un cheque por el 110% de la tasación de la propiedad y de ahí primero el Municipio cobra las contribuciones que tenía esa casa y luego el resto del dinero el Municipio lo lleva al Tribunal. Se recibe el título de la propiedad y se le entrega a la persona que fue agraciada, que se convierte en nuevo dueño”, explicó en detalles el incumbente.
Enfatizó en que la casa nunca es del Municipio y que el Programa enteramente municipal saca del medio el interés de lucro al eliminar del proceso la figura del contratista intermediario, que inevitablemente hace que los costos de adquisición de las casas aumenten y sean más difícil de adquirir.
Como único detalle del programa que expresó no sentirse totalmente a gusto está el que las unidades de vivienda se tienen que vender al precio de tasación y un poco más pues hay recuperar sus costos, deudas de contribuciones y pagar el dinero justo por la expropiación forzosa. Esto sigue dejando estas propiedades fuera del alcance de personas de escasos recursos económicos necesitadas de un techo seguro.
