Por Ricardo Díaz / Presidente Interino PIP Humacao
Es inaceptable que mientras el Gobierno lleva a cabo un proceso de quiebra, se permita un gasto millonario en escoltas. Hay que exigir la eliminación de todas las escoltas y uso de vehículos oficiales de funcionarios del Gobierno local, debido a la situación fiscal que existe en la isla.
En tiempos de escasez éstos son lujos que un país en quiebra no puede pagar. Igual deben quitar este beneficio a los exgobernadores. Hace unas semanas, se divulgó una lista con los gastos de cada funcionario por el servicio de escoltas, lo que devolvió este particular a escrutinio público y generó molestia entre muchos.
Mientras la Comisión Cameral de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología investiga “el gasto desmedido” en escoltas, el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, han defendido su gasto millonario en este servicio de seguridad y protección.
El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, justificó el gasto de seguridad a pesar de que en la isla no se han reportado incidentes de agresiones contra funcionarios públicos.
El servicio de escoltas del que se benefician los funcionarios públicos y exgobernadores durante 2021 le costó $4.4 millones al erario. Esa cifra incluye los $3.1 millones que se pagaron por concepto de salario a las escoltas, además de $1.3 millones adicionales por horas extras.
Según datos de la Policía provistos a la Cámara, la escolta del gobernador Pedro Pierluisi, integrada por siete agentes y un sargento le costó al pueblo de Puerto Rico $283,176.02 en horas extra el año pasado.
A esta cifra se añaden $26,547.27 por gastos de combustible y piezas a cinco guaguas y ocho motoras asignadas a la Mansión Ejecutiva. Este personal asignado a La Fortaleza también ofrece seguridad a la hermana de Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien ocupa un puesto no remunerado en la Mansión Ejecutiva, por órdenes del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
El gobierno elimina derechos al trabajador, baja las pensiones a los maestros y policías, pero no elimina sus escoltas. Cuando hay estrechez económica y crisis fiscal por la que está atravesado el Gobierno de Puerto Rico, debe establecer expresamente como política pública el deber de reducir gastos no esenciales como las escoltas para redirigirlos a los servicios esenciales directamente a los ciudadanos.
Por ello, es necesario y prudente eliminar de inmediato la concesión de escoltas a funcionarios públicos y exgobernantes que hasta ahora ostentan cuyo derecho o beneficio es pagado con fondos públicos.
Todo el gobierno tiene que ser lo más austero posible en el gasto porque, aunque estamos tratando de salir de la quiebra atrás tenemos que cuadrar esa chequera y balancear el presupuesto del gobierno.
