La Comisión de Salud, que preside el senador Rubén Soto Rivera atendió hoy mediante vista pública el Proyecto del Senado 501 que busca enmendar la Ley 75-1925 a los fines de eliminar el requisito de que un aspirante internacional haya realizado un bachillerato en Puerto Rico, siempre que dicho aspirante se haya graduado del Programa de Ubicación Avanzada o que hubiere cursado estudios post doctorales en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico.
“Es imperativo que para mitigar esta fuga de profesionales se debe considerar implementar soluciones que no impacten la calidad de educación ofrecida a estas profesiones altamente reguladas. Debido a que una preparación inadecuada puede tener consecuencias adversas en los pacientes. Es nuestra responsabilidad fomentar un sistema de salud donde los pacientes obtengan servicios de alta calidad”, manifestó al concluir la audiencia pública Soto Rivera.
Para evaluar dicha medida, la Comisión citó a deponer a la Dra. Aileen Torres, decana de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; a las doctoras Norma Martínez y Arminda Rivera del Colegio Cirujanos de Dentistas y al Dr. Miguel Alvarado de la Junta Dental Examinadora. Cabe destacar que los deponentes citados, no favorecen la pieza legislativa y en los memoriales entregados a la Comisión sugieren que se retire la medida o se remita un informe negativo para dicho proyecto.
Según se establece en la exposición de motivos del proyecto “actualmente, para que un estudiante internacional egresado de una escuela de odontología no reconocida por la Junta Examinadora pueda ejercer en Puerto Rico, tienen haber cursado bachillerato en Puerto Rico, además tiene que solicitar al Programa de Ubicación Avanzada de la Escuela de Medicina Dental y ser admitido de haber espacio. El Programa de Ubicación Avanzada requiere de la aprobación de dos (2) años en la Escuela de Medicina Dental. Asimismo, la Junta Examinadora exige la aprobación de noventa (90) créditos en medicina predental y únicamente los convalida si el aspirante continúa estudios postdoctorales. El requisito de bachillerato en Puerto Rico es excluyente a estudiante internacionales que deseen ejercer en Puerto Rico”.
La Dra. Torres decana de la Escuela de Medicina Dental enfatizó que “el Proyecto 501 del Senado no promueve el mejorar la oferta académica a los dentistas internacionales. El proyecto propuesto los excluye de la fundación básica indispensable que debe tener todo profesional de la salud, lo cual es una visión global y completa del componente educativo de su profesión. Esto lo ofrece el Programa de Ubicación Avanzada”. Torres también indicó que el P del S 501 lo que pretende es reducir los estándares de admisión y educativos de los egresados.
En su turno el senador independiente José Vargas Vidot resaltó que hay una merma en los servicios de salud dental, de ahí la radicación del proyecto que es por petición.
Vargas Vidot le preguntó a la Dra. Torres sobre cuántas solicitudes recibe la Escuela de Odontología a lo que la Decana expresó que reciben unas 500 solicitudes al año; sin embargo, tienen espacio para 40, dejando a 460 solicitantes fuera, los que se van a otros lugares. En cuanto a estudiantes internacionales, reciben 300 solicitudes, pero tienen espacio de acreditación para 20 estudiantes.
Actualmente, hay una cantidad de 1,490 odontólogos mientras que para el 2000 había una cantidad de 2,200.
Por su parte, el Dr. Miguel A. Alvarado López, presidente den la Junta Dental Examinadora, expresó que “el papel de la Junta Dental es velar por el interés del estado en que los servicios dentales, considerados esenciales, se continúen presentando al amparo de la Ley 75. Los miembros de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico nos oponemos a la aprobación de este nefasto proyecto”.
Soto Rivera aseguró, al final de la vista, que “la Comisión apoya la idea de revisar y atemperar las leyes que lo requieran a la realidad actual del país y del desarrollo tecnológico. Es indispensable que los procesos se evalúen y justifiquen de forma adecuada para que su implementación no afecte la calidad de servicios de salud del país”.
