La Cámara de Representantes aprobó hoy a viva voz, la Resolución Conjunta del Senado 240, que ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente por 45 días, el arbitrio a la gasolina y al ‘diesel oil’, mejor conocida como “la crudita”.
La medida también busca declarar un dividendo extraordinario de $50,000,000, con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que representará la suspensión temporera del arbitrio al combustible y ordenar al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) a mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diesel.
Según la pieza legislativa, “los dividendos que reciban los aseguradores privados miembros de la Asociación no estarán sujetos a ninguna otra contribución. Los recaudos obtenidos a través de la contribución especial y única aquí dispuesta no serán considerados como parte del cómputo de ninguna de las fórmulas existentes para el cálculo de asignaciones presupuestarias a ser consignadas como parte del proceso presupuestario constitucional”.
Esta legislación propone extender por otro periodo de 45 días, de ser necesario y tener el financiamiento, sin necesidad de legislar. Esta enmienda fue propuesta por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. De igual manera, la pieza legislativa tuvo enmiendas de ambos cuerpos legislativos, y a su vez, del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Finalmente, el proyecto de ley ordena al DACO mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel mientras dure la suspensión del arbitrio.
Por otra parte, la Cámara dio paso a la Resolución de la Cámara 718, con el fin de solicitar al Gobierno de los Estados Unidos conceder una exención parcial del cumplimiento de las Leyes de Cabotaje para transportar a Puerto Rico petróleo y sus derivados, mientras dure el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como sus efectos colaterales, con el fin de apoyar la demanda para la producción de energía y combustibles en la isla.
El proyecto de ley del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y los representantes Luis Raúl Torres Cruz y José H. Rivera Madera resalta que el aumento del combustible sumado a los efectos inflacionarios y de las emergencias ha causado alzas continuas en los precios de alimentos, transporte, y energía afectando negativamente el gasto de los consumidores y negocios. Asimismo, este panorama ha dificultado retomar el camino hacia un desarrollo económico sostenible, al obligar al Gobierno de Puerto Rico ajustar las proyecciones en los planes de recuperación fiscal y económica a causa de circunstancias que en su mayoría no eran previsibles.
Ordenan la terminación del contrato de LUMA Energy
Ante la avería en Costa Sur que provocó un apagón general en Puerto Rico el pasado 7 de abril, la Cámara de Representantes ratificó hoy a viva voz una medida que ordena la terminación del contrato de Luma Energy.
Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordena a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPPR) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) notificar a LUMA Energy que darán por terminado el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement (OMA) del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un término 60 días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC.
“El desempeño deficiente de LUMA Energy, que al momento en que tomó el control del sistema eléctrico de Puerto Rico, el 1 de junio de 2022, redundó en que el sistema eléctrico del país empeorara. Este contrato es leonino y es un robo para el pueblo de Puerto Rico”, expresó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres Cruz.
La exposición de motivos de la medida expone que “LUMA Energy ha incurrido en gastos en exceso de los estimados y presupuestados. Durante los primeros dos trimestres del año fiscal 2021-2022, estando LUMA Energy en control del sistema eléctrico (excepto la generación de electricidad), la compañía privada se sobregiró del presupuesto aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico por cuantías millonarias en ambas ocasiones”.
A su vez, menciona que “el primer trimestre se sobregiró por la cantidad de $32 millones, según su informe trimestral Q1. Ante esto, la AAPPR, quien es la administradora del contrato de LUMA, ha sido negligente en su deber como administrador. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó $45 millones adicionales en el presupuesto, sin que se conozcan públicamente los motivos para el sobregiro. De igual manera sucedió el segundo trimestre, cuando LUMA Energy se sobregiró por $28 millones. En un año y medio de su gestión, LUMA Energy ha gastado más de $75 millones sobre lo esperado”.
Por otro lado, se avaló el Proyecto de la Cámara 899 de la representante, Estrella Martínez Soto, con el fin de crear la Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo en Protección de los Consumidores.
“Esta medida presenta una solución ante los diversos problemas en la industria del gas licuado. La misma pretende resolver los señalamientos y situaciones presentadas en el informe del proyecto de ley, a tales efectos y luego de finalizar procesos de vistas y reuniones, entendemos que las razones esbozadas en la exposición de motivos de esta medida están aceptadas y requieren de una aprobación inmediata”, sostuvo la autora de la medida, Martínez Soto.
