Con el propósito de mejorar la seguridad pública en los municipios, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte y Juan José Santiago, acompañados por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, radicaron una medida con el fin de establecer un fondo especial para allegar recursos adicionales y mejorar el salario de los policías municipales.
“Hemos visto un alza en la criminalidad y la delincuencia, así como en todo tipo de delitos como escalamientos, robos, daños a la propiedad y violencia doméstica. Muchos de estos casos terminan en tragedia y la falta de policías en las calles es notable. En menos de 10 años, la policía estatal se ha reducido en más de un 50% y son los cuerpos de la policía municipal los llamados a responder, a pesar de que cuentan con recursos bien limitados”, explicó Aponte en conferencia de prensa, acompañado además de un grupo de policías municipales.
Por su parte, Santiago sostuvo que el problema de criminalidad en Puerto Rico debe atenderse con urgencia y reconoció los problemas que enfrentan los cuerpos de seguridad.
“Reconocemos los riesgos y retos que enfrenta la policía, exponiendo su vida e integridad física para brindarnos seguridad y protección. Sin embargo, no hay ningún tipo de incentivo que permita reclutar nuevos policías que quieran proteger nuestras calles. En el caso de los policías municipales es más crítica la situación, quienes, ante la falta de agentes estatales, han venido a suplir este vacío, y las necesidades de personal del orden público en nuestras comunidades, realizando tareas dobles con un salario de aproximadamente $1,400 dólares al mes”, precisó Santiago.
Para atender esta situación, los legisladores presentaron este Proyecto de la Cámara, mediante el cual se establecería el “Fondo para cubrir los servicios de seguridad pública en los Municipios”. El fin de esta medida es allegar recursos para que la uniformada municipal pueda contar con el personal necesario y adiestrado para proteger la vida, seguridad y propiedad de los ciudadanos, explicaron.
“Es inaceptable la disparidad de salarios que reciben los policías municipales, cuando en la práctica han sido quienes han suplido la necesidad de vigilar nuestras calles y mantener la seguridad en nuestros pueblos. Por esto, la medida dispone que el fondo puede ser utilizado para aportar al pago de salario de los policías municipales y ser equiparados a los salarios que reciben nuestros policías estatales”, explicó Aponte.
La medida expone que el sistema de llamadas al 9-1-1 ha sido un recurso tecnológico para atender situaciones de emergencias mediante una respuesta rápida, que tiene un cargo máximo de cincuenta centavos ($0.50) para toda persona privada y teléfonos residenciales, y un cargo máximo de un dólar ($1.00) para comercios y agencias gubernamentales, mientras en la mayoría de los estados se cobra el doble.
Los legisladores explicaron que la legislación que dio paso a este servicio, la derogada Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, mejor conocida como “Ley para la Atención Rápida a Llamadas de Emergencia 9-1-1 de Seguridad Pública”, reconocía expresamente que “el mecanismo de respuesta efectiva al pedido del ciudadano no reside solamente, ni principalmente, en la tecnología telefónica, sino en los recursos humanos y tecnológicos a disposición de las agencias de Seguridad Pública para atender los reclamos por servicio”.
“Nuestro interés es proteger y ofrecer mejores condiciones de trabajo a las personas que se encargan de nuestra seguridad. Lograr que las agencias de seguridad pública cuenten con los recursos para instituir y mantener los medios necesarios que se requieren para atender las emergencias de los ciudadanos con sentido de responsabilidad, rapidez y de forma acertada en pro de garantizar el auxilio a las personas”, afirmaron los representantes populares.
