Presidente del Senado anuncia radicación de proyecto congresional en el Senado de EEUU que incluye al Estado Libre Asociado como opción y establece condiciones específicas sobre la estadidad

José Luis Dalmau informó que el poderoso senador Roger Wicker ha presentado ante el Senado federal un proyecto de ley para convocar una votación sobre el tema del estatus utilizando la estructura del proyecto del congresista Raúl Grijalva, pero incluyendo la opción del Estado Libre Asociado y requiriendo estudios de impacto económico sobre la estadidad

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foto archivo

El presidente del Senado José Luis Dalmau informó hoy que se ha radicado un nuevo proyecto de estatus en el Senado de los Estados Unidos, en el cual se incluye al Estado Libre Asociado como una de las alternativas válidas y, además, ordena la realización de estudios de impacto económico sobre la opción de la estadidad antes de concederla y descarta la que la misma sea autoejecutable con una mayoría relativa.  

“Luego de meses de reuniones, visitas al Congreso y diálogos constructivos, en el día de hoy, me place anunciarles que se ha presentado ante el Senado de los Estados Unidos, un nuevo proyecto de ley que convoca una votación justa y equilibrada sobre el futuro político de Puerto Rico, donde se incluyen todas las opciones de estatus, incluyendo al Estado Libre Asociado. El proyecto – presentado por el veterano senador Roger Wicker – reconoce al Estado Libre Asociado como una de las opciones válidas; además, incluye una definición de avanzada y crecimiento autonómico que fuera solicitada por nosotros y establece un proceso de negociación para mejorar al Estado Libre Asociado, a través de una comisión bilateral.”, expreso Dalmau en conferencia de prensa en el Senado

El proyecto Wicker, igualmente, establece requisitos necesarios para admitir a la isla como un estado de la Unión – si es que esa fuera la preferencia del electorado – lo que obligará al Congreso a divulgar todas las implicaciones de esta alternativa, incluyendo: el impacto económico de las contribuciones federales, las obligaciones del pago de la deuda bajo la estadidad,  el posible efecto del idioma en los procesos gubernamentales y la necesidad de requerir una mayoría clara (supermayoría) de votos para esa opción, de la misma forma que se le requirió a Alaska y Hawai antes de convertirlos en estados.

Asimismo, el proyecto del senador Wicker, republicano por Mississippi, usa como punto de referencia el proyecto Grijalva – el cual se encuentra bajo la consideración de la Comisión de Recursos de la Cámara federal, pero le realiza cambios significativos procesales para mejorarlo. En la nueva medida, se mantiene el mecanismo procesal de la doble ronda de votación en las mismas fechas establecidas, conserva el proceso formal de negociación bilateral con la fórmula que sea favorecida y regula los procesos de transición de cada fórmula de estatus.

“En el proyecto Wicker se incluye la opción del Estado Libre Asociado con la siguiente definición que nosotros presentamos y validamos. Esta lee de la siguiente manera:

Un voto por el Estado Libre Asociado será una reafirmación del deseo del pueblo de Puerto Rico a retener su estatus de Estado Libre Asociado. Para permitir el desarrollo del estatus de Estado Libre Asociado, se creará una Comisión Negociadora de Estados Unidos y Puerto Rico que examinará y propondrá mejoras al status actual, incluyendo la sustitución potencial de la Ley del 3 de julio de 1950, conocida como la Ley de Relaciones Federales de 1950, por un pacto formal.”, dijo el líder senatorial.

Igualmente, como parte de la medida, en la Sección 501, se crea una comisión negociadora especial para el desarrollo del ELA compuesta de diez (10) miembros, de los cuales cinco (5) de ellos son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y cinco (5) por el partido político u organización que haya representado al Estado Libre Asociado. La comisión bilateral estudiaría, discutiría y negociaría las mejoras al ELA y redactaría un borrador de Pacto que reemplace la Ley de Relaciones Federales. Ese Pacto se les sometería a los electores para su aprobación.

Ese organismo, según explicó, será el foro que tendrá la responsabilidad de discutir las posibles áreas de crecimiento autonómico – incluyendo la revisión o sustitución de la Ley de Relaciones Federales – que es la ruta jurídica correcta para desarrollar al Estado Libre Asociado. La medida de Wicker deja intacta las definiciones de la independencia y de libre asociación.

“Con esta radicación, se hace justicia porque se le garantiza al pueblo de Puerto Rico, que, bajo cualquier proceso, todas las opciones de estatus estarán ante su consideración en igualdad de condiciones como debe ocurrir en las democracias.  De esta forma, atrás quedan los intentos déspotas y abusivos de pretender crear mayorías artificiales en favor de la estadidad, utilizando como estrategia la eliminación injustificada de opciones de estatus.”, dijo Dalmau.

Este proyecto, además, cumple con la política pública del gobierno federal de mantener neutralidad en el proceso; y, se ajusta a las exigencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que había exigido la inclusión del Estado Libre Asociado como requisito indispensable para validar y legitimar cualquier proceso. Al hacerlo, queda el camino libre para desembolsar los $2.5 millones que están consignados desde el año 2014 para una campaña educativa. (Ley Federal 113-76).

Con la radicación de este proyecto, se acaba el mito de que el Estado Libre Asociado no tiene aliados en Washington ni que era posible su desarrollo. Ahora, no solo se abre la puerta para que el ELA esté en la papeleta, sino que – más importante aún – se incluye una definición específica, clara e inequívoca con los objetivos de crecimiento del ELA y la forma jurídica de lograrlo.

Según la medida, de ganar la estadidad, el Congreso tendría, primero, que estudiar el impacto de las contribuciones federales sobre la isla y determinar si la mayoría de votos obtenidos es suficiente para determinar que la voluntad de los electores es estable y no una pasajera. Eso significa que un voto afirmativo en favor de la estadidad, no sería autoejecutable como ha prometido el liderato estadista.